Los Ministerios Públicos de la Ciudad de México no están tipificando las denuncias de mujeres atacadas en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro como intento de secuestro si no como robo.

Víctimas denunciaron que al presentar su querella en los MP, enfrentaron la negativa de las autoridades para levantarla.

Tal es el caso de Siomara, una mujer a quien quisieron plagiar dos sujetos a unos pasos de la estación Coyoacán, de la Línea 3 del Metro, en la Alcaldía de Benito Juárez.

Según los testimonios de la joven,  publicados en sus redes sociales, uno de sus agresores fingió que tenía una relación sentimental para subirla a una camioneta por la fuerza, pero fue auxiliada por un elemento de seguridad privada.

Sin embargo, cuando acudió a denunciar, los funcionarios del Ministerio Público le dijeron que no era posible.

Sobre el tema, Ernestina Godoy, procuradora capitalina, dijo que iniciarán una investigación de aquellos casos en donde mujeres víctimas de intento de secuestro acudieron a denunciar y el delito fue clasificado como robo.

La funcionaria indicó que descubrieron que en los MP se está llevando a cabo una mala clasificación del delito.

“Vamos a revisar por qué no se las aceptan (las denuncias), por qué las clasifican como robo, lo que ellas describen es un modus operandi, y vamos a investigar y no desestimaremos ninguna denuncia, estoy muy enojada”, señaló.

La exdiputada morenista adelantó que el próximo martes sostendrá una reunión con un grupo de mujeres que han sido víctimas de intento de secuestro en las estaciones del Metro.

MAPEAN ZONAS INSEGURAS. A partir de la recopilación de testimonios de mujeres denunciando intentos de secuestro en redes sociales, usuarias del Metro elaboraron un mapeo de las zonas reportadas, para alertar del peligro.

Hasta el momento, el mapeo señala las Líneas 7 y 12 del Metro como las que registran mayor número de denuncias.

El modus operandi que describen los testimonios comienza una persecución en donde uno o varios sujetos acorralan a las víctimas para intimidarlas e intentar subirlas a automóviles con vidrios polarizados y sin placas.

Si la víctima intenta pedir ayuda, los delincuentes se hacen pasar por su pareja sentimental argumentando que la mujer sufre algún trastorno sicológico.

INOPERANCIA AÑEJA.  Los ministerios públicos pasan buena parte de su tiempo buscando la manera de no levantar denuncias, generando comprobantes administrativos o sencillamente matando las horas de poca afluencia de denunciantes.

Poco, muy poco de su tiempo es para investigar o resolver casos delictivos en una ciudad donde el 88 por ciento de la población se siente insegura y que registra la segunda tasa delictiva más alta del país (encuestas del INEGI 2016 y 2017 sobre Percepción de Seguridad Urbana y sobre Victimización).

En la Fiscalía Desconcentrada de Benito Juárez, donde ocurrió el caso de Siomara, Crónica se encontró el año pasado con procedimientos impensables.

Allí una médico legista era el obstáculo para que las denuncias se registraran; la médico impidió la declaración de un denunciante al que le pusieron una pistola en la cabeza. Ese denunciante fue declarado incapacitado para denunciar porque, después de indicar que tomó media cerveza, no pudo hacer un cuatro con las piernas mientras simultáneamente levanta los brazos, cerraba los ojos y echaba la cabeza para atrás… una prueba que no puede pasar el 90 por ciento de los ciudadanos que no han bebido una gota de alcohol.