El INEGI publicó los datos de la mortalidad en México durante el periodo de enero-agosto 2020 que muestran que la segunda causa de fallecimientos fue la COVID-19 y que el número registrado por ese órgano constitucional autónomo fue 68 por ciento superior al reportado el 31 de agosto por la Secretaría de Salud. Además, las cifras arrojan un “exceso de mortalidad” del 37 por ciento.

Si se proyectara esa diferencia en los datos, el número de muertos por la pandemia sería más de un cuarto de millón, lo que es una tragedia social que sumada a los auténticos viacrucis que padecen los enfermos y sus familiares para conseguir atención hospitalaria, medicamentos y oxígeno explica por qué el 71 % de la población del Valle de México vive en la angustia.

El 3 de diciembre de 2020, en una mañanera, el Presidente López Obrador, en un clásico de la demagogia de la autollamada 4T, afirmó que el tenía otros datos distintos a los del INEGI en relación al diagnóstico sobre el cierre de las empresas elaborado por ese órgano, que mostraba una realidad más crítica que la divulgada en la propaganda gubernamental.

El común denominador de ambas discrepancias es la peligrosidad que representa para los gobiernos autoritarios los otros datos que los órganos autónomos registran como parte de la función que le atribuye directamente la Constitución y que ofrecen a la ciudadanía un panorama objetivo de la acción pública. El riesgo radica en que la serie de estadísticas obtenidas con criterios científicos y en forma independiente son fuente de “exhibición” de mentiras propagandísticas que pretenden maquillar a una terca realidad que se niega a cambiar con base en discursos elocuentes.

Es un peligro real para los gobiernos autoritarios la existencia de los “otros datos”, los que pertenecen a los ciudadanos, y que son verdaderos que ponen en entredicho al oficialismo morenista. Tal y como sucedió en la mañanera del miércoles 27 de enero en la que la Secretaria de Gobernación, representante presidencial sólo en esos actos “informativos” al pueblo, no pudo aclarar la diferencia en las cifras de fallecimientos por COVID 19 entre las informadas por la Secretaría de Salud y las publicadas por el INEGI.

Lo peligroso para la ciudadanía es que el trabajo científico de la estadística económico-social es más lento que la demagogia y cuando esta labor arrojó resultados, estos fueron poco oportunos para la contención de la pandemia.

Hoy sabemos que si se hubiera promovido con el ejemplo y las campañas de comunicación social desde el gobierno el uso del cubre bocas y la sana distancia se hubieran salvado muchas vidas y el regreso a la normalidad económica en septiembre hubiera sido menos riesgoso. ¿Cuántas vidas costó la declaración sobre la fuerza moral del presidente? y ¿cuántas la ocurrencia del “Detente enemigo”?

La lección que debemos sacar de esta discrepancia de datos es que el INEGI es una institución que debe conservar su autonomía constitucional y no depender del gobierno. El peligro para los gobiernos autoritarios de que haya “otros datos” no sujetos a su control es un gran avance democrático, que permite juzgar en su verdadera dimensión a los gobiernos y someternos al juicio ciudadano en las urnas.

¿Quién pierde con la publicación de datos más precisos y confiables por su método estadístico correcto de levantamiento y registro? Los demagogos que pretenden domar la pandemia con conferencias de prensa, utilizando datos recabados sin una metodología uniforme.

Las cifras que divulga la Secretaria de Salud provienen de la concentración de información de diversas fuentes, hoy sabemos que sólo la hospitalaria, que no necesariamente utilizan los mismos criterios de registro. En cambio, el INEGI recaba información con más y mejor sistematización y cientificidad y cumple con la función autónoma de ponerla a disposición de la sociedad para la toma racional de decisiones.

Un peligro para un gobierno demagógico es que existen los “otros datos” del INEGI, que sí son fidedignos, ya que su levantamiento no obedece a criterios políticos. Eso, en palabra de un contumaz autoritario como Manuel Barttlet, estorba. Lo que a este tipo de políticos les incomoda, a la ciudadanía nos da la certeza de que, aunque sea con retraso, la verdad se conocerá y podremos enjuiciar el rumbo del gobierno en las urnas. Hoy le toca al gobierno corregir cuanto antes su estrategia fallida y, sin embargo, la confusión y los desencuentros públicos van en aumento.

La publicación del censo del INEGI es una razón más para defender la autonomía de los órganos constitucionales que no dependen del gobierno. En este momento, queda en evidencia que el profesionalismo, la objetividad y la imparcialidad de estructuras administrativas no subordinadas al presidente son una garantía democrática efectiva.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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