La guerra en Perú entre fujimoristas y antifujimoristas es total.

Ayer, en una jornada de infarto, el presidente de la nación, Martín Vizcarra, anunció que ejercía su poder constitucional para disolver el Congreso, tras negarse los legisladores a retirar el polémico nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, acusados por el mandatario de ser afines al fujimorismo.

“He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias” anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje a la nación, mientras miles de personas celebraban el anuncio frente a la sede del legislativo.

GOLPE Y CONTRAGOLPE. La alegría para el presidente y para sus simpatizantes duró poco. En una votación de urgencia, el partido de Keiko Fujimori, mayoritario en el Congreso, y sus aliados del Partido Aprista, convocaron una votación de urgencia contra el mandatario, por violar, aseguraron, varias leyes con el anuncio de abolición del Legislativo.

La decisión fue tomada con 87 votos de los legisladores presentes en el hemiciclo, en su mayoría del partido fujimorista Fuerza Popular, su aliado el Partido Aprista, y representantes de derecha y extrema derecha.

Según el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, la resolución será comunicada de inmediato al “suspendido” y también a la “vicepresidenta del Perú”, Mercedes Araoz, que ya juró el cargo.

ULTIMÁTUM. Vizcarra impuso el domingo un ultimátum a los diputados del Fuerza Popular (fujimorista) y del Partido Aprista, para que no sacaran adelante el nombramiento de los magistrados del Constitucional.

“Está claro que la obstrucción y blindaje del Parlamento no cesan y no habrá acuerdo posible”, declaró Vizcarra para justificar su decisión, que esconde detrás la maniobra de Keiko Fujimori para que ella y su padre salgan de la cárcel, donde se encuentras, la primera por lavado de dinero, y el expresidente por crímenes de lesa humanidad.

“ES UN GOLPE DE ESTADO". El aprista Jorge del Castillo afirmó que “este es un golpe de Estado, es un daño enorme que le hace Vizcarra al Perú".

“La gente que ha complotado para cerrar el Congreso será la primera que le quite el cuerpo (a Vizcarra) cuando tenga que afrontar un juicio penal por el delito de haber cerrado el Congreso, por conspiración”, aseguró el legislador del partido del expresidente Alan García, quien se suicidó el pasado 17 de abril cuando iba a ser arrestado por el escándalo Odebrecht.

Del Castillo invocó a sus colegas legisladores a “que nos quedemos en este Congreso” y pidió a las Fuerzas Armadas “que no se preste en absoluto a este divorcio”.

“SÍ SE PUDO". Antes de que se conociera su destitución fulminante, el anuncio del presidente Vizcarra fue recibido con marchas de apoyo en varias ciudades del país, como muestra espontánea de respaldo a la medida del mandatario.

La policía montada y camiones antimotines intentaban impedir el acceso de miles de manifestantes al Parlamento, que llegaban lanzando el lema “Sí, se pudo”.

PREOCUPACIÓN EN LA CIDH. La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por “las denuncias de falta de publicidad y transparencia en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal Constitucional del Perú" y destacó que el Congreso no hizo públicos los criterios para seleccionar a los candidatos.