De los tres poderes de la unión el poder judicial reclama una reforma política de fondo. En nuestro país y en buena parte de América latina, la impartición de justicia es penosa y se ha convertido en un obstáculo para la democracia.

En las esferas de poder sirve para blindar a pillos que se han enriquecido como “presuntos” lavadores de dinero como lo prueba el vacío legal en el que se encuentra el virrey del estado de Tamaulipas, dueño de una fortuna como la de muchos otros sátrapas y superior a la que cualquier funcionario probo puede aspirar.

Este esquema de corrupción recurrente sólo es posible mediante una malla de dinero y complicidades que, en el caso que nos ocupa y con base en los datos de la unidad de inteligencia financiera comprende cuando menos 100 millones de pesos e implica a 37 personas entre las que se encuentran familiares de ese señor cuyo vocero es otro representante del México lúgubre, Javier Lozano, con quien se toma selfies que parecen decirnos desde el cinismo más abyecto: “miren tontos, AMLO es un peligro para México, nosotros sí sabemos de latrocinios, chayotes y amistades incondicionales con ministros y jueces en activo o en ‘retiro’”

Cabeza de Vaca es gente cercana a Calderón. El presidente del partido de la narcoderecha mexicana, Marko Cortés, dice que se trata de una persecución política, a pesar de que nuestros vecinos del norte han solicitado la colaboración de las autoridades mexicanas por el delito de lavado de dinero. Por tamañas mentiras el señor Cortés da resbalones que lo hacen desplomarse de estrados, como se pudo observar en redes hace poco. Álvaro Delgado comenta también que, además, aquí se le investiga por asociación delictuosa, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado.

La corrupción para florecer requiere de redes, y en éstas juega un papel cada vez más importante y evidente el poder judicial, con honrosas excepciones que serán más fácilmente erradicables si el México colonizado permite el regreso del prianrredismo, defensor de estos individuos que tienen en vilo al Estado de derecho o, parafraseando a ya saben quién, de chueco.

En algún momento el presidente de la república al referirse al la Suprema Corte de Justicia se refirió a ella como la Suprema Corte del Derecho. Se equivocó, más bien es la Suprema Corte del Tecnicismo Legaloide.

En este aberrante terreno se “mueve” la justicia en casi todas las parcelas y se manejan desde moderadas y cicateras rentas para abogados de barandilla que explotan de poquito a muchos clientes, hasta jugosas sumas de dinero en juego que permiten el flujo de influencias y la bravuconería de traficantes de influencias, personajes siniestros que hacen su fortuna litigando contra el Estado mediante la defensa de causas indecibles o la promoción de amparos con dinero extranjero contra proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el financiamiento a medios parciales o a intelectuales de jugosos contratos provenientes de los poderes públicos.

El tecnicismo legaloide es aquel que explica con docta paciencia José Ramón Cossío para decirnos por qué tiene fuero un delincuente, o aquel que le permite al árbitro electoral o su abanderado aplicar todo el peso de la ley contra un partido y hacerse de la vista gorda en cientos de casos cometidos por otros partidos.

Por lo que toca a los estratos medios y bajos, la justicia es lenta, además de misógina. Mientras más bajo es el decil o se trate de una mujer que busca la reparación de un daño, la garantía de justicia desde el poder judicial es menor, tortuosa y puede implicar la destrucción de muchas estructuras familiares o sociales, la consolidación de poderes oligárquicos y la mediatización de casos que favorezcan la impunidad.

Es posible que en tres años ese poder anquilosado no cambie radicalmente, pero favorecer con el sufragio a quienes visible y abyectamente prohijan su status quo visible en muchísimas redes de complicidad es como jugar a la ruleta rusa.