El Gobierno de El Salvador desplegó este jueves en una zona cercana a Guatemala a mil 100 agentes de una nueva patrulla fronteriza financiada por Estados Unidos para frenar la migración irregular hacia el país norteamericano.

El apoyo estadunidense es parte de un acuerdo firmado el pasado 28 de agosto por el secretario de Seguridad Nacional en funciones de EU, Kevin McAleenan, con el Ejecutivo del derechista Nayib Bukele.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas, aseguró durante el despliegue de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) que el financiamiento estadwunidense asciende a unos 250 mil dólares.

Detalló que la patrulla fronteriza se concentrará en los “puntos ciegos” de la frontera con Guatemala y en la persecución de bandas dedicadas al tráfico de personas, que en muchas ocasiones son víctimas de trata de personas y tráfico de órganos.

Drones con cámaras. Rivas aseguró que la nueva patrulla contará con ayuda aérea de un helicóptero y de drones equipados con cámaras.

El Ejecutivo de Bukele, que tomó el poder el 1 de junio pasado, detuvo en los últimos tres meses al menos a 159 traficantes de personas y otras 469 supuestamente vinculadas a la migración irregular, también rescató a 364 menores de edad.

Tercer país seguro. El ministro de Seguridad salvadoreño recalcó que la implementación de esta patrulla no es parte de algún proyecto para convertir a El Salvador en un “tercer país seguro”. Estados Unidos alcanzó un polémico acuerdo de “tercer país seguro” a finales de julio pasado con Guatemala y la Corte de Constitucionalidad guatemalteca aseguró este martes que este debe ser aprobado por el Congreso para su entrada en vigor.

Juicio a expresidente. Mientras tanto, el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), se enfrenta a partir de hoy a un juicio abreviado por intentar sobornar con diez mil dólares a una funcionaria pública para que cambiara su acusación por enriquecimiento ilícito por casi 4 millones de dólares.

Ésta es la segunda ocasión que Saca logra un juicio abreviado para evitar penas altas, dado que en septiembre de 2018 fue condenado a 10 años de prisión por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.