El Tribunal Supremo (TS) español acordó ayer, por unanimidad, la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco, del Valle de los Caídos. El Supremo tomó, además, la decisión de trasladar sus restos al cementerio del Pardo, en contra de los deseos de la familia.

Los seis magistrados del Tribunal Supremo, que han estudiado los recursos de la familia y de la Abogacía del Estado, respaldaron la decisión del Gobierno del PSOE de sacar el cuerpo de Franco del mausoleo. El Valle de los Caídos, un monumento construido por los presos de la dictadura, se ha convertido en un lugar de peregrinación para los franquistas en la actualidad, lo que podría cambiar si se produce la exhumación.

La familia de Franco ya anunció que presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial en España, alegando que la sentencia “vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa”, según dijo su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina. La familia Franco “va a ser la primera del planeta Tierra que no pueda decidir dónde entierra los restos de su abuelo”, declaró. El Constitucional todavía debe decidir si admite a trámite el recurso.

PENDIENTE DE UN JUEZ. Pese a la victoria del Gobierno socialista, la exhumación del cadáver de Franco todavía está pendiente de la decisión de un juez de Madrid. El magistrado José Yuste, que se ha manifestado públicamente en contra del traslado de los restos del dictador, paralizó provisionalmente la licencia urbanística para iniciar las obras del levantamiento del cadáver el pasado febrero. Ahora debe redactar la sentencia, por lo que si se mantiene la suspensión de los trabajos podría retrasar la exhumación de Franco de dos a cinco años, hasta que se vuelvan a agotar todas las vías judiciales y el caso vuelva de nuevo al Tribunal Supremo.