En el siglo XX la figura emblemática fue el trabajador. La economía y la política giraron en torno a éste y la sociedad se organizó para ampliar sus derechos e influencia. Los sindicatos y los partidos social demócratas, social cristianos, socialistas y comunistas pusieron en el centro de sus estrategias el bienestar de la clase trabajadora vinculada con la fábrica y el taller, los grandes centros de producción y el crecimiento exponencial de las grandes concentraciones urbanas. Las oficinas, los comercios y las escuelas se organizaron verticalmente con horarios fijos en espacios físicos determinados bajo un modelo que exigía el traslado masivo de personas y la supervisión estrecha del patrón, el jefe o el maestro. Una razonabilidad totalmente distinta al teletrabajo.

En ese contexto, las regulaciones protectoras del trabajador eran esenciales para evitar la explotación indiscriminada de quienes dirigían las organizaciones -privadas y públicas- sobre los que obedecían. Esto dividió a las sociedades en dos mundos económicos: la formalidad y la informalidad. En el primero, el acceso a la salud, la seguridad social, la educación, la vivienda, la estabilidad vital y el ingreso digno son más probables y en el segundo son promesas políticas cada vea más lejanas de cumplir por los gobiernos o los candidatos en campaña.

El reto de la política económica todavía es reducir la informalidad económica, donde se multiplica el empleo precario, sin el goce de ningún derecho laboral efectivo, y la injusticia en las relaciones humanas. Además, la brecha de bienestar entre las personas ubicadas en un lado y otro de la economía aumenta constantemente. Una propuesta pudiera ser el teletrabajo, pero según un estudio de la OIT publicado esta semana, esta forma de laborar ha propiciado mayor informalidad.

En los años setenta del siglo pasado, el modelo basado en las conquistas laborales del sector formal entró en plena crisis, la que coincidió con el comienzo de la era del desarrollo tecnológico que en poco tiempo impactó masivamente a la humanidad y se crearon la condiciones para el trabajo domiciliario dirigido y supervisado a distancia electrónicamente.

La acumulación constante de derechos en favor de quienes participan en la economía formal y la exclusión de estos beneficios a los informales condujo a un quiebre de los sistemas políticos, especialmente los autoritarios corporativos y clientelares apoyados por los trabajadores organizados en sindicatos o partidos de masas y la propuesta de apertura de estos esquemas rígidos de distribución de la riqueza social.

Las propuestas de cambio se pueden agrupar en dos: aquellas que pretenden la extensión de los derechos de la economía formal a la informal, que es financieramente inviable y aquellas que prefieren crear sistemas universales de protección desvinculando su financiamiento del mercado laboral formal. El teletrabajo está vinculado con estas últimas.

Los primeros basan su estrategia en la promulgación de derechos formales laborales y de seguridad social bajo el esquema del modelo industrial que son de imposible cumplimiento económico y administrativo, que conducen a la simulación y al burocratismo. Piensan dentro de la caja heredada. En este lado, se ubica la reforma para regular el teletrabajo publicada el pasado lunes 11 de enero.

La obligación impuesta a los patrones de proporcionar, instalar, pagar y llevar un registro de los insumos de las tecnologías de la información y comunicación de sus trabajadores es trasladar la idea del trabajo en la fábrica al hogar y pretender aplicarle todas las reglas de una supervisión vertical.

Hay que pensar fuera de la caja y diseñar estrategias de trabajo subordinado más flexibles para evitar que haya incentivos. Hay que desgravar al trabajador -disminuir el costo de la nómina- y gravar otras fuentes de generación de la riqueza como son el capital y el desarrollo tecnológico. Hay que reducir los derechos formales de cumplimiento imposible que requieren de un intermediario -el sindicato- para su conquista irrealizable y sustituirlos por garantías de mayor participación de los teletrabajadores en las ganancias del aumento de la productividad del trabajo.

El dilema no es cómo establecer más derechos y obligaciones al teletrabajo que sólo beneficiaran a los trabajadores de la economía formal y de las grandes empresas que tienen la capacidad administrativa para cumplirlas.

El reto es incorporar a los empleados informales y darles mayor protección, incrementado mediante el teletrabajo los beneficios de la productividad económica. Hay que empezar a pensar fuera de la caja, aunque hoy debamos adaptarnos al nuevo control burocrático que será selectivo en su aplicación.

Vigilar a 4 millones de empresas con cerca de 2 mil inspectores del trabajo se antoja como una misión imposible. Ahora multiplíquenlo por cientos de miles de hogares donde se realiza el teletrabajo. Es fantasía y en esas condiciones las obligaciones que se le imponen a los empleadores se reducirán a un registro verificable por la autoridad y a una mayor complicación administrativa y fiscal.

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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