Ángel Mundo López*

Para los teóricos franceses Ives Meny y Jean-Claude Thoenig, el reacomodo en “el reparto de los actores tiene muchas posibilidades de cambiar de una política [pública] a otra” (Meny, Ives y Juan-Claude Thoenig (1992). Las Políticas Públicas. Ariel, España). En ese sentido, la coyuntura abierta en las elecciones del 1 de julio de 2018 posibilitó la construcción de una alternativa gubernamental con especiales repercusiones en la política social. Veamos:

En 1997 surgió el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), una estrategia de lucha contra la pobreza apoyada en supuestos que se alineaban con el modelo económico que emergió desde finales de los años 70 del siglo pasado y que después se tornó imperante. Para Dani Rodrick, Progresa “reemplazaba ineficientes subsidios a precios con transferencias directas en efectivo a familias pobres con la condición de que sus hijos permanecieran en la escuela y acudieran a controles de salud periódicos” (Prefacio en Levy, Santiago (2018). Esfuerzos Mal Recompensados. BID); es decir, el núcleo básico se integraba por la entrega de una transferencia monetaria condicionada al cumplimiento de controles médicos familiares, así como la asistencia escolar de los infantes en el nivel básico.

El Programa comenzó a operar en las zonas rurales con una cobertura de 300 mil familias (Yaschine, Iliana (2015). Grandes Problemas. ¿Oportunidades? Política Social y Movilidad Intergeneracional en México. COLMEX, México). En el año 2002 cambió su nombre a Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que implicó, entre otras cosas, ampliar su rango de acción a las zonas urbanas e incluir a los jóvenes que cursaban la educación media superior. Para el 2014, el Programa experimentó un nuevo cambio y se convirtió en Prospera Programa de Inclusión Social, que trajo consigo la introducción de los componentes de inclusión laboral, social y financiera. A mediados del 2018, la cobertura alcanzaba 6.9 millones de familias (http://bit.do/e8tVU). Pese a los cambios, la columna vertebral se mantenía: condicionalidad de las transferencias.

Tras dos décadas de instrumentación de este tipo de programas, la más reciente medición del Coneval ofrece datos contundentes: la pobreza permanece prácticamente sin cambios. Entre 2008 y 2018 la incidencia del fenómeno pasó de un 44.4% a 41.9%, en tanto que la pobreza extrema pasó de 11% a 7.4% (http://bit.do/e8tVA). Para algunos estudiosos, Prospera generó efectos positivos en nutrición, en algunos indicadores de salud (Levy, op. cit., p. 315), y en la escolaridad de las mujeres (http://bit.do/e8tV6). Pese a ello, los resultados en torno a la pobreza obligaban a replantear la política social.

Más allá de la aplicación de una medida incremental (como dijera Charles Lindblom), la presente administración tomó la decisión de desaparecer Prospera y otros programas favoreciendo la formulación de proyectos de transferencias de corte universal para ciertas cohortes, v.g. becas a niños de preescolar, primaria y secundaria (6.2 millones de beneficiarios —mdb—); Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (3.5 mdb); Jóvenes Escribiendo el Futuro (300 mil beneficiarios); Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (8 mdb); Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (790 mil beneficiarios); Jóvenes Construyendo el Futuro (930 mil beneficiarios), y Sembrando Vida —230 mil beneficiarios— (http://bit.do/e8tWd).

El viraje de la política social no se circunscribió a la supresión de la focalización y las condicionalidades, también se convirtió en un campo de batalla contra la corrupción (como se adujo con la supresión de las Estancias Infantiles), o la búsqueda de ampliar el rango de atención (como se argumentó con la eliminación del Seguro Popular). Sin embargo, estas decisiones han soslayado  los beneficios que dichos programas (pese a sus debilidades) ofrecían: tanto a los niños y a sus padres, con especial incidencia en el desarrollo laboral de las madres (http://bit.do/e8tWu), en el caso de las Estancias Infantiles, o la atención básica a la salud que recibían los beneficiarios del Seguro Popular —quienes actualmente se encuentran sin una alternativa organizacional, normativa y operativa, y sólo poseen una promesa a futuro: la próxima creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar— (http://bit.do/e8tWD).

Otro asunto que es necesario resaltar es que, aunque los nuevos programas de transferencias no cuentan con una perspectiva focalizada, se han documentado casos en los que algunas personas que eran beneficiarios de Prospera se quedaron sin apoyos. Lo anterior no resulta infundado si consideramos que aquel programa podría estar atendiendo en sus postrimerías, plus minusve, a 25 millones de personas, mientras que el número de beneficiarios actuales de las diversas estrategias apenas superaría los 20 millones. Estas exclusiones podrían deberse a una apresurada puesta en práctica de los programas, sumado a la falta de un diagnóstico que permitiera prever el tamaño de la población objetivo, pues, el “Censo del Bienestar” encargado a los Servidores de la Nación, que debería servir para identificar necesidades y magnitudes de los problemas públicos, ha sido cuestionado por su metodología (http://bit.do/e8tWN), por tratos discriminatorios de los Servidores (http://bit.do/e8tWS), o por utilizarse para promocionar al Presidente (http://bit.do/e8tW9).

Por otro lado, el énfasis en la entrega de transferencias monetarias evidencia, implícitamente, que para esta Administración la pobreza se circunscribe a una falta de recursos económicos, lo que termina socavando los intentos que se han hecho por comprender dicho flagelo como un fenómeno multifactorial. Además, debemos recordar que el Presidente ha cuestionado la existencia del Coneval, y ha expresado su preferencia por destinar sus recursos al combate del flagelo social (http://bit.do/e8tW3).

En conclusión, podemos decir que, si bien era necesaria una reformulación de la política social, ésta debió realizarse después de contar con un diagnóstico y el consecuente diseño integral de líneas de acción mejor estructuradas. También debió contemplar la provisión de otros bienes y servicios desde el primer momento, pues la reconversión de gran parte de la política social en una entrega de recursos monetarios simplifica un fenómeno complejo y ha postergado la cobertura de ciertos sectores, lo que podría traer consigo externalidades, semejantes o más perniciosas que las que se han criticado de la política social creada al amparo del modelo económico que ha sido (discursivamente) exiliado del territorio nacional. Al tiempo.

* Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.