Diputados federales de Movimiento Ciudadano rechazan un nueva reforma al artículo 19 constitucional para elevar a delito grave la extorsión, lo que ameritaría prisión preventiva oficiosa, y proponen, por el contrario, aplicar las leyes en materia anticorrupción que debe observar el Sistema Nacional Anticorrupción, desde el cual se tiene que detectar a servidores públicos que permiten la comisión de esta práctica desde los reclusorios.

Martha Tagle, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, entre otras, señaló que la extorsión pertenece al fuero común y son los gobiernos locales los que deben atender el combate a este delito.

“Elevar el delito a grave, con prisión preventiva oficiosa, no resolverá el problema. Esto corresponde a las entidades federativas. En Morena deben ir por todo aquel funcionario corrupto, no sólo por peces gordos, como lo estamos viendo, porque entonces sí se cae en populismo punitivo”, indicó Tagle en entrevista con Crónica.

Mario Delgado, coordinador de los diputados morenistas, ha dicho que para el próximo período ordinario, que inicia en febrero, buscará subir a tribuna su iniciativa sobre registro de chips para atacar la corrupción, así como imponer prisión preventiva oficiosa a quien cometa este delito.

Sobre el tema el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX exhortó al subsecretario del Sistema Penitenciario local, Antonio Hazael Ruíz Ortega, a comparecer y rendir cuentas ante el Pleno legislativo sobre las estrategias anticorrupción y extorsión que la dependencia a su cargo ha implementado dentro y fuera de los reclusorios.

Lo anterior luego de que Crónica publicó una investigación en la que se corroboró que el uso y comercio ilegal de celulares dentro de los penales capitalinos hoy en día continúa siendo una realidad.

El diputado panista Federico Döring, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana adelantó que tratará el tema con la diputada y presidenta de dicha comisión, Leticia Varela, con el fin de poder concretar una reunión con Ruíz Ortega en la cual se puedan discutir y tomar acuerdos que asienten las bases para erradicar este problema.

Asimismo solicitó a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno que tome cartas en el asunto para que de la mano con las autoridades, legisladores y expertos en el tema se pueda a crear una verdadera estrategia para solucionar este problema y acabar de tajo con la corrupción.

El legislador comentó que existen dos principales razones por las que llamadas de extorsión persisten en los penales a pesar de que las cárceles en la CDMX, desde hace más de una década, cuentan con inhibidores de señal telefónica, e incluso recientemente se han endurecido las penas para quienes cometan estos delitos.

“Las explicaciones de que este problema persista son: una, la corrupción franca y obscena, y la segunda es el pretexto que siempre ha dado la autoridad capitalina, el miedo de que al arrebatarles a los internos los aparatos electrónicos y comodidades se pueda desatar a un motín o existan represalias dentro de los penales, sin embargo ambas cuestiones no dejan más que entrever la incapacidad histórica que el gobierno ha tenido para poner orden”, explicó.

ASEGURAN 90 CELULARES EN RECLUSORIOS EN 12 DÍAS. En los primeros 12 días de este 2020 autoridades de los centros de reclusión de la Ciudad de México han asegurado 90 equipos de telefonía con el fin de combatir hechos de extorsión. De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario -dependiente de la Secretaría de Gobierno-, a través de diversas acciones, realiza labores de detección de teléfonos celulares y su decomiso para combatir las llamadas de extorsión desde las cárceles capitalinas.

El Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Científica de la Guardia Nacional, la Agencia de Innovación Pública, el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México y representantes de concesionarias telefónicas han sostenidos encuentros en los que han analizado el tema de los bloqueadores de señal en las inmediaciones de los reclusorios.

“El objetivo es acordar una medida definitiva para lograr el bloqueo de esas señales, que impida la salida de llamadas con el consenso de todas las partes”, de acuerdo con un reporte oficial.

Se indicó que desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha se han asegurado mil 929 aparatos telefónicos.