La principal crítica a la reforma educativa de Peña Nieto era su componente laboral. Los más afectados —que fueron separados del cargo por no someterse a la evaluación— afirman que sólo era una modificación de índole laboral no relacionada con la mejora en la calidad y ajena totalmente a los contenidos.

El miércoles pasado, el Senado no aprobó por la mayoría calificada requerida la contrarreforma educativa. El texto rechazado —contrario a la estridencia del discurso político y los conflictos por el contenido “neoliberal” de las palabras— arroja un modelo educativo que corrige algunos aspectos, pero continúa en lo esencial con la estrategia del gobierno de recuperar el control de las plazas que habían tomado las entidades federativas y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), especialmente las secciones de ese gremio controladas por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). No extraña que el voto faltante sea un senador vinculado con este grupo en Oaxaca.

El gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y los padres de familia se han manifestado en contra de la nefasta práctica de la herencia y venta de plazas y ese objetivo de la reforma de Peña Nieto subsiste en la Cuarta Transformación de López Obrador.

Hay que señalar que la descentralización de la educación tuvo efectos benéficos, pero también provocó que el sistema nacional educativo se diferenciara por regiones y que hubiera descontrol en el manejo de los recursos humanos. Había muchos maestros comisionados en tareas sindicales y otros que aprovecharon el doble mando, normativo y operativo, para aumentar el número de “aviadores” en la nómina magisterial.

La solución no fue suficiente. Las entidades federativas conservaron la nómina y la federal asumió la dispersión del pago. Esto tenía dos ventajas: los fondos federales para el apoyo a la educación no se transfieren a los gobiernos estatales y sólo se cubre la nómina a los maestros que efectivamente hubieran laborado en la quincena correspondiente y el proceso favorece la identificación de irregularidades.

La reforma constitucional rechazada aparentemente tiene una estrategia similar, aún más si se toma en cuenta que el actual Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, fue uno de los impulsores y operadores de la reforma educativa que comenzó con la evaluación y la carrera magisterial en 1992. ¿Qué es primero, los derechos laborales o los derechos del educando?

¿Dónde radica la esencia del conflicto con la CNTE? ¿Qué es lo que todavía no tiene satisfechos a sus líderes? El insoslayable contenido administrativo de la educación pública que otorga al Estado que tiene dos consecuencias fundamentales: lo prioritario es el interés superior del niño y el compromiso de los maestros con éste y su desarrollo intelectual, emocional y motriz.

Lo primero conduce a la responsabilidad en la búsqueda de una educación de calidad y el segundo a jerarquizar correctamente los valores. Ahí surge el dilema para las autoridades y el sindicalismo ¿Cómo se logra el equilibrio entre el compromiso con los niños y la estabilidad en el empleo? ¿Cómo se exige a los maestros que cumplan con los niños? ¿Cuál debe ser la sanción para los profesores que tergiversen los valores y privilegien los gremiales e individuales al interés superior del niño?

Todo esto conduce necesariamente al centro de la discusión política: la evaluación punitiva y la tolerancia a las ausencias de los profesores de los salones de clases por diversos motivos. Surge entonces la ineludible pregunta: ¿La relación gobierno federal/estatal y maestro/maestra debe regirse por la ley laboral o la administrativa?

De ahí que una de las manzanas de la aparente discordia es el artículo décimo sexto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia educativa, que establece que el régimen laboral es el correspondiente al Apartado B del artículo 123 constitucional, que privilegia la estabilidad en el empleo y por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que permite la separación del maestro como servidor público si éste comete una falta administrativa grave.

Acudimos a las primeras rondas del conflicto magisterial que apenas renace. Los defensores de la educación de calidad darán batalla en la aprobación de las leyes secundarias para que haya sanciones a los malos docentes y el sindicato, especialmente la CNTE, defenderán la inamovilidad en el empleo, su intervención en el proceso de selección del ocupante de una vacante y la garantía de que los egresados de las normales públicas tendrán una plaza en las instituciones educativas federales y estatales.

El dilema en el empleo educativo radica en que tiene una doble naturaleza: administrativa y laboral. La incógnita se reproduce, como sucedió en el 2013, sobre qué debe ser lo prioritario en las leyes y para las autoridades: el compromiso con los niños o el respeto absoluto a cualquier comportamiento laboral. Vale.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I

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