Más caro el caldo que las

albóndigas

El pasado 30 de marzo inició el período de campaña de la elección federal, concluirá el 27 de junio del 2018. El número de cargos a elegir, tanto a nivel federal como local, será de 18 mil 311. Destacan en el ámbito federal la Presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías. En el ámbito local: 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, 972 diputaciones locales,1597 presidencias municipales y 16 alcaldías. El número de electores potenciales será de poco más de 89 millones de personas; el 52 por ciento mujeres.

La organización de las elecciones es un colosal esfuerzo social. Para esta elección se instalarán más de 155 mil casillas que estarán a cargo de un millón 387 mil funcionarios de casilla. Para capacitar a ese número de funcionarios y para dar seguimiento a la jornada electoral, el INE ha contratado a 45 mil personas, entre supervisores y capacitadores asistentes electorales. El número de boletas en las casillas será de 280 millones.

En cuanto a resultados electorales preliminares, el INE realizará los conteos rápidos de la elección presidencial y de la elección de las 8 gubernaturas y de la de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Llevará a cabo el Programa de Resultados Electorales Preliminares, denominado PREP, sólo de las elecciones federales.

Como se sabe, los partidos políticos y candidatos gozan de prerrogativas para divulgar sus mensajes en radio y televisión. En este periodo de campaña, difundirán casi 23 millones de spots a través de 3 mil 111 emisoras de radio y televisión. Las autoridades electorales transmitirán, en el mismo periodo por esos mismos medios, casi 4 millones de mensajes.

El presupuesto que tiene asignado el INE para organizar el proceso electoral federal es de 7 mil 145 millones de pesos. El financiamiento para los partidos políticos es 6 mil 789 millones. A lo anterior deben sumarse los montos asignados en las entidades federativas: 10 mil 030 millones a los OPLES y 6 mil 257 millones a partidos políticos. En total 30 mil 221 millones de pesos para esta elección (ello sin considerar el presupuesto asignado a los tribunales electorales, federal y locales, ni a la FEPADE). Si estimamos una participación ciudadana cercana al 65 por ciento de la lista nominal, el costo por cada elector, que acudiera a las urnas a depositar su voto sería de 522 pesos (el equivalente a casi 6 días de salario mínimo).

Más allá de la valoración que merezca a cada uno la magnitud del costo de las elecciones, lo que es un hecho es el anémico aprecio que la ciudadanía tiene ahora de sus representantes políticos. Basta con observar las más recientes encuestas.

Por ejemplo, la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica reporta, en un estudio demoscópico publicado el 2 de marzo de 2018, una calificación promedio de 4.5 (en una escala de 0 a 10) en cuanto al grado de satisfacción con la manera en que funciona la democracia en México. En el mismo estudio reporta el nivel de confianza en diversas instituciones: a la presidencia se le atribuye una calificación de 3.8, a diputados y senadores de 3.6, y a los partidos políticos de 3. Por su parte, la empresa Consulta Mitofsky reporta que, en estudio de octubre de 2017, la confianza en la presidencia se estima en 4.7, en senadores de 4.8, en diputados de 4.6, y en partidos políticos de 4.4 puntos. Pésimas calificaciones por donde se vea.

No hay que andar muy lejos para encontrar causas que explican ese reducido aprecio. Una elevada proporción de candidatos, una vez transformados en representantes políticos, actúa en beneficio del interés propio, de partido, o de un reducido grupo político o económico, en detrimento del interés público. Nuestro modelo de competencia electoral favorece una confrontación superficial de propuestas. Si bien es cierto que para esta elección habrá tres debates entre los tres candidatos y la candidata a la elección presidencial (en la Ciudad de México el 22 de abril, en Tijuana el 20 de mayo, y en Mérida el 12 de junio), es un hecho que este modelo se basa en el uso intensivo de spots de 30 segundos, con escasa sustancia y con sobrado estribillo, que vuelven imposible el contraste racional de propuestas. Ello hace propicio que la oferta electoral, que se propaga mediante esos mensajes, apele más a la emoción que a la razón de los electores. De ahí que, desde el arranque de las campañas, la oferta electoral resulte exagerada y distorsionada, pues no habrá habido tiempo de explicar sus condicionantes, que siempre aparecen en letra pequeña, ni de argumentar respecto a las restricciones que a todos los países les impone su adscripción a un contexto geopolítico y financiero específico; que es el telón de fondo de toda acción de los gobiernos nacionales.

De ahí que, al final, la ciudadanía concluya que sus representantes políticos han incumplido, tanto las expectativas como su oferta electoral.

Es deseable que las campañas electorales dejen de abonar el germen de la frustración. Para ello, debemos partir del reconocimiento de que el modelo político- electoral actual es disfuncional, pues refuerza el desencanto ciudadano y menoscaba el sistema de democracia representativa.

Más allá de proclamas de campaña, si se desea perseverar en ese sistema, urge una transformación política, que recupere la legitimidad de la representación, que se haga cargo del interés público.

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