El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal  admitió que existen vacíos legales en nuestras leyes que hacen muy compleja o incluso  imposible la extradición de un criminal extranjero para ser juzgado bajo la figura de terrorismo en nuestro país, por lo cual presentará esta semana una reforma al marco legal nacional que permita castigar hasta con 45 años de prisión  actos de terrorismo en contra de mexicanos en el extranjero.

Monreal explicó que si bien existe la competencia de los tribunales federales para juzgar conductas cometidas en el exterior en contra de mexicanos, México encuentra grandes dificultades para solicitar la extradición de un criminal extranjero para ser juzgado bajo la figura de terrorismo, debido a que se carece de la tipificación adecuada en las leyes nacionales.

“Existe una insuficiencia en la legislación nacional vigente que impide que estos crímenes sean juzgados en México. Actualmente el Código Penal Federal no contempla dentro del tipo penal el terrorismo —ni siquiera como agravante— las motivaciones ideológicas de orden político, racial, religioso, social, odio, discriminación o de supremacía”, explicó.

Dicha omisión —agrega— genera diferencias jurídicas entre México y los países donde se han cometido este tipo de actos, lo que conlleva a que la aplicación de la norma hacia el exterior sea muy compleja o no sea posible.

Ello, a propósito de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que  el gobierno mexicano analiza solicitar la  extradición del autor del atentado en Texas que cobró la vida de 8 mexicanos.

Monreal detalló que la  iniciativa que presentará este miércoles a la Permanente busca  dar al gobierno de México las herramientas legislativas adecuadas para que el efecto punible de actos de terrorismo, motivados por el odio en contra de la comunidad de origen mexicano, no quede sujeto solamente a la voluntad de los Estados en donde tenga lugar el crimen, sino que se pueda solicitar la aplicación de nuestra legislación en esos casos.

Datos presentados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el periodo comprendido entre 2007 y 2017,  contabilizaron un total de 6 mil 357 víctimas por crímenes de odio dirigidos en contra de la comunidad latina, a causa de su origen étnico.

Si el análisis numérico se concentra en los últimos cuatro años de registro disponibles, los crímenes de odio en contra de la comunidad latina han aumentado en un 42 por ciento, agregó.

Precisó que el artículo 4 del Código Penal Federal señala que, para que un delito perpetrado por un extranjero en contra de un mexicano pueda ser penado en la República, la infracción de que se le acuse debe tener el carácter de delito tanto en el país en que se ejecutó como en México.

En este sentido, el legislador propuso actualizar el tipo penal de terrorismo, incluyendo la motivación de orden político, racial, religioso, social, odio, discriminación o supremacía, así como aumentar la pena mínima en prisión de 15 a 20 años y la máxima de 40 a 45 años.

Sugirió adicionar cuatro agravantes: cuando se ocasione pérdida de la vida o daño en la integridad a persona menor de edad o mujer embarazada; cuando la víctima ostente la condición de migrante; cuando se acompañe de discurso basado en la supremacía, la xenofobia o el odio racial que incite discriminación, desprecio o violencia moral o física por cualquier medio de difusión pública.

Asimismo, cuando se acredite que el infractor pertenece a alguna organización que incite o promueva la discriminación racial o xenófoba.