Evaluación de políticas sociales ¿con enfoque de derechos? La agenda que viene
Evaluación de políticas sociales ¿con enfoque de derechos? La agenda que viene
Con las recientes discusiones en torno al Plan Nacional de Desarrollo y los recortes en el presupuesto federal a las dependencias de Gobierno, se puso al descubierto el debate sobre los enfoques de gestión pública en la administración federal.
Caso específico es el que se puede observar entre un organismo autónomo como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y las repercusiones que los recortes pueden infligir. Desde hace unas semanas, el otrora titular de dicho organismo Gonzalo Hernández Licona, señaló que “[...] los recortes adicionales que las secretarías del Bienestar y Hacienda han pedido al Coneval implicarían que la institución prácticamente deje de funcionar en las siguientes semanas”1 a lo que el propio gobierno federal (comunicado 090) respondió que “la nueva política de Bienestar busca hacer efectivos los derechos de las personas, combatir la desigualdad y erradicar la pobreza extrema. Estamos seguros de que el Coneval tiene un papel crucial en estos objetivos”.2
Como puede notarse, el tema de los derechos humanos subyace en la redacción del comunicado, pero la pregunta sobre cómo se va a operativizar se suma a la lista de valoraciones con poca o nula información que respalden dichas afirmaciones.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) señala: “En esta nueva etapa de la vida nacional, el Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Será, en cambio, garante de derechos”.3
Como puede notarse, no sólo se reitera la diferenciación con el enfoque neoliberal, sino que, incrementalmente, se ve justificado con un enfoque de derechos como la opción a desarrollar. De ser cierto que los derechos humanos serán el criterio de orientación del nuevo gobierno, cabrá preguntarse cuáles serán los marcos teóricos y referenciales y cómo se piensan gestar, formular, implementar y evaluar.
En medio de todo esto, el 17 de julio el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX) fijó un tuit en su cuenta institucional titulado: “5 mitos sobre los beneficiarios de programas sociales” el cual tiene como base el documento Acostumbrados a vivir del Estado: mitos en la construcción social del (in)merecimiento de programas sociales”4 —en el que claramente se señala: “[...] De reconocer tales sesgos, y deconstruir estas narrativas, depende el exigir más fuertemente la ejecución de políticas sociales que verdaderamente partan de un enfoque de derechos, y permitan a los beneficiarios reconocerse como iguales ante el resto de los ciudadanos”.
Todo indica que, en efecto, los marcos de orientación de la política social tendrán que estar alineados a los derechos humanos; no obstante, eso ofrece más preguntas que certezas, a saber: ¿cuáles serán las modificaciones que los Términos de Referencia y Reglas de Operación de los programas a nivel federal y de las entidades federativas deberán contener para cumplir con el nuevo marco axiológico? ¿Dispersar por todos lados las palabras “derechos humanos” será la forma de atender la nueva exigencia discursiva más que operativa? ¿Las administraciones públicas en sus tres órdenes de gobierno cuentan con el personal calificado para este reto o nuevamente se aprenderán nuevos enfoques sobre la marcha?
Ya de por sí ha sido un problema formativo —que parece no tener fin— contar con personal que sepa de políticas públicas, mucho más lo sería tener servidores públicos que encima de todo conozcan de los enfoques de derechos.
Mucho se ha avanzado en la institucionalización que ha hecho el Coneval y de manera local el Evalúa CDMX con los Términos de Referencia para las diferentes evaluaciones que contemplan; sin embargo, el reto ahora será en cómo esos marcos referenciales que apenas se están asentando en la práctica, transitarán al nuevo enfoque. Aquí algunas brevísimas hipótesis5:
El problema público tendrá que dejar de pensarse como la simple carencia de un bien y servicio, que se solventa con alguna transferencia monetaria o el reparto de algún insumo, pues implica el reto de atender problemáticas en tanto violación de un derecho humano, es decir el problema público es directamente proporcional a la negación de un derecho.
La selección de alternativas tendrá el desafío no de cumplir meros indicadores sino de que el acceso al derecho sea progresivo y universal. El cumplimiento del indicador deja de ser el medio que durante los últimos años se transformó en el fin y que explicaba de manera incompleta la efectividad.
La formulación de políticas podría conducirse desde las metas de los tratados internacionales de los cuales México forma parte, al haberlos firmado y ratificado. No hay que inventar lo ya creado, hay que operativizarlo localmente.
La implementación requiere ir más allá de la instrumentación de mecanismos de monitoreo y seguimiento desde la óptica de la cadena de mando donde se verifica el cumplimiento de ciertas acciones; por su propia naturaleza, la implementación siempre difiere del diseño, por tanto, los esquemas gerencialistas derivados de la empresa privada no sólo son insuficientes sino incorrectos. Faltará desarrollar mecanismos realmente participativos como correctivos en esta fase.
Finalmente, la fase de evaluación podrá valorar el cumplimiento de los tratados internacionales que ya se mencionaban, en conjunto con su integralidad y relación con el disfrute de otros derechos.
Todo lo anterior implica relaciones de poder. Cada fase e interfase tiene decisores no necesariamente unificados que buscan el control de su sector. Si la 4T realmente quiere apartarse del neoliberalismo que dice superar, tendrá que dar orden y sentido al enfoque que dice respaldar. Esperemos que no se realice por decreto.
1
2
https://www.gob.mx/bienestar/prensa/coneval-crucial-en-la-politica-de-bienestar
3
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
4
https://economia.nexos.com.mx/?p=2331
5
Aquí me baso en: Canto y Berrios (2010) Los espejos de la política social del Distrito Federal. EVALUADF
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Profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana; Investigador Nacional y miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) A.C.
c.aguilar@correo.ler.uam.mx