Ángel Mundo López*

Durante los primeros días de junio diversas instituciones, como el Colmex (https://n9.cl/bp9lw), el INAI (https://n9.cl/zsph) y el Coneval (http://bit.do/fFTbo), celebraron la Semana de la Evaluación 2020, mediante la realización de seminarios y conversatorios en línea, como una muestra de la importancia que la evaluación de las políticas ha adquirido en los últimos años. En esas mismas fechas el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor M. Toledo, publicó un artículo titulado: “Por qué la 4T avanza a pesar de todo" (https://n9.cl/1l8n), en el que plantea: “¿Cómo realizar una evaluación lo más objetiva y ponderada posible de un gobierno que lleva apenas 18 meses gobernando?… Una evaluación correcta debe abordar la totalidad de la acción prometida y comprometida, no aspectos minúsculos… Lo que se debe ponderar es si en lo que lleva de ejercicio este gobierno está cumpliendo lo que prometió".

Estos dichos se encuentran en consonancia con lo que desde hace años los estudiosos de políticas públicas persiguen: la conformación de una metodología pertinente y en sincronía con la teoría del cambio que guía los programas públicos, para identificar los resultados y los cambios que se generan. Asimismo, durante décadas se ha pugnado por superar el predominio del enfoque cuantitativo, así como la estandarización de las evaluaciones, pues, así como cada programa persigue objetivos distintos, la evaluación debe adaptarse a cada uno de ellos y no al revés.

Como es bien sabido, la evaluación cuenta con distintas tipologías: Por la temporalidad la podemos dividir en ex ante, ex post y ex tempore; por el ciclo de la política en el que se aboca encontramos la de diseño, de implementación o procesos, de resultados y de impacto. Asimismo, por los actores que la conducen identificamos la interna, la externa y la mixta.

La evaluación interna presenta la ventaja de tener un mejor acceso a la información, pero es cuestionada por la falta de rigor que implica convertir en juez y parte a los implementadores. En sentido inversamente proporcional —aunque susceptible de circunscribirse a la lógica de “el que paga manda”—, encontramos la evaluación externa, que explota la experiencia y conocimiento de los evaluadores, pero se le dificulta obtener información, ya sea por una deficiente institucionalización de los procesos de evaluación, o bien, por el predominio de un enfoque punitivo (que utiliza a las evaluaciones para señalar fallas y asignar responsabilidades), en lugar de uno formativo (que persiga la mejora de programas e implementadores). La evaluación mixta es la que aprovecha las ventajas de las otras dos, aunque, justo es decirlo, no existe fórmula infalible.

Ahora bien, la controversia con el Secretario surge, justamente, en torno a la valoración que realiza de los logros de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

A decir del Secretario: “La 4T está canalizando el mayor flujo de apoyos a los sectores abandonados. Hoy el gobierno ofrece al menos un apoyo a 25 millones de hogares, 70 por ciento de la población… A ellos están dirigidas las pensiones de 8 millones de adultos mayores, los beneficios a los niños pobres con discapacidad; los 11 millones de becas en todos los niveles de escolaridad a estudiantes de familias de escasos recursos; los casi 3 millones de campesinos que reciben recursos para sembrar y cultivar, lo mismo que 180 mil pescadores. También se incluye el millón de jóvenes que trabajan de aprendices en oficinas, universidades, talleres y fábricas, y reciben un salario mínimo; también se entregan 4 millones de créditos a personas y empresas familiares y apoyo para reparar miles de escuelas. Se están creando 2 millones de empleos en la industria de la construcción, edificando viviendas, caminos de concreto con uso intensivo de mano de obra, unidades deportivas, mercados y 100 universidades. El último gesto social son los 3 millones de préstamos de 25 mil pesos a los micronegocios ante la crisis sanitaria y laboral del COVID-19”.

Si lo que pretendía el Secretario era realizar una evaluación rigurosa e imparcial, o, como dice: “objetiva y ponderada”, quedó a deber, pues, por ejemplo, al confrontar los datos que presenta con las anunciados el 5 de abril por el titular del Ejecutivo (https://n9.cl/k89fw), encontramos que el número de hogares atendidos era sólo de la mitad del total en México, y no 25 millones; el número de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro incluía a 740,000 beneficiarios, no a un millón; las becas para estudiantes sólo atendían a 10.5 y no a 11 millones; los apoyos dirigidos a los campesinos no eran tres millones sino sólo 2.5; de los 180,000 pescadores que se mencionan en el artículo, apenas se había atendido a una tercera parte (47,500), y respecto de los dos millones de empleos, al tratarse de una acción puesta en marcha apenas hace unas semanas, los avances no pueden ser considerables.

No obstante, es necesario acotar que, si bien en el lapso de dos meses se pudieron tener avances, parece difícil que en ese periodo se hubiera podido alcanzar el 100% de cobertura, si consideramos que durante los 15 meses previos de la administración no se había alcanzado la meta en muchos programas, más complicado aún parece al considerar las restricciones que impone la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Por ello, es necesario llamar la atención de que combatir problemas públicos por medio de políticas y programas requiere, en primer lugar, diagnósticos, evaluaciones ex ante que nos ayuden a conocer causas y magnitudes de afectación, así como a identificar a la población objetivo, sin embargo, la herramienta instrumentada para tal propósito, el Censo de Bienestar, ha sido severamente cuestionado (https://n9.cl/lbpwk), lo que dificulta contar con un parámetro que permita saber si se está atendiendo a la población objetivo, porque, si bien la cobertura es importante, nada dice acerca de la pertinencia de los programas, mucho más importante es conocer si se está generando un cambio y no la estabilización de ciertas condiciones.

Saber si los programas cumplen los objetivos sólo se podrá establecer realizando evaluaciones que no se conformen, como lo hizo el secretario, con el discurso y las promesas, pues, hacerlo así sólo confirma la principal crítica hacia la evaluación interna: la falta de rigor.

*Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana