En abril de 2015 la historia de Zunduri, una joven que fue esclavizada en una planchaduría de la delegación Tlalpan, sacudió a autoridades y capitalinos; sus victimarios ya fueron sentenciados y ayer, dos años después del caso, se informó que el negocio en el que vivió maltratos fue expropiado por el Gobierno de la Ciudad de México.
Entre febrero del 2013 y abril de 2015, Zunduri fue obligada a realizar trabajos forzados sin remuneración alguna. Sus maltratadores, incluso, la mantuvieron encadenada para que no escapara.
El juez octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México consideró que el predio, ubicado en la calle Izamal, colonia Lomas de Padierna, pasará al patrimonio del gobierno local, debido a que se comprobó que ahí se ejercía la trata de personas.
En la investigación, testigos refirieron que Zunduri era golpeada hasta que sangraba para que no dejara de trabajar. Una vez que las heridas iban cicatrizando le arrancaban las costras.
En diciembre del 2016, cinco personas que estuvieron involucradas en los hechos recibieron una sentencia acumulada de 150 años de prisión.
Paralelamente, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) inició una demanda de Extinción de Dominio contra los propietarios del inmueble en el que estaba el negocio.
Lo anterior se basó en las investigaciones de la Policía de Investigación (PDI), las cuales revelaron que los dueños tenían conocimiento de las condiciones en las que estaba Zunduri, que iban desde agresiones físicas y verbales constantes, para obligarla a trabajar sin paga, beneficiando a sus victimarios.
Fue en octubre de 2015 cuando un juez admitió a trámite la demanda. En la audiencia se presentaron pruebas de ambas partes y ahí mismo se determinaron medidas cautelares para evitar que se vendiera o gravara el inmueble, el cual fue asegurado hasta que se emitiera el fallo.
El juez determinó que sí era procedente la Extinción de Dominio. En la sentencia, las autoridades judiciales acreditaron la expropiación del predio de 250 metros cuadrados, sin contraprestación ni compensación alguna.
Aunado a ello, el juez también dictó indemnizaciones para la víctima, por el daño físico que se le causó, para cubrir los costos de tratamiento médico, medicinas, exámenes clínicos e intervenciones necesarias para rehabilitación, así como el pago por reparación del daño físico y moral.
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