Aunque una de las prioridades marcadas desde el arranque de la 4T fue optimizar el cobro de adeudos a contribuyentes, ocurrió lo contrario, al menos en el tema de créditos fiscales: el monto de su cancelación durante el primer año de Andrés Manuel López Obrador creció 370 por ciento en relación a los promedios anuales de sexenios anteriores…

Ese “revés administrativo o ineficacia”, de acuerdo con un reporte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha derivado ya en una investigación desde la Secretaría de la Función Pública en contra de Héctor Vázquez Luna, quien fue titular de la Administrador General de Recaudación, cargo clave en la obtención de recursos para los programas sociales.

Se trata de uno de los principales colaboradores de quien ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Margarita Ríos-Farjat, en su etapa al frente del SAT.

La cancelación implica colocar esos adeudos en una baja contable, ante la aparente imposibilidad de cobrarlos, y a la espera de detectar algún movimiento financiero o mercantil del deudor para reactivar la recaudación. Es una figura distinta a la condonación de impuestos, con la cual de libera de pagos a los deudores, pero se les permite seguir operando.

De acuerdo con el SAT, “Función Pública, a través del Órgano Interno de Control de la institución (cuya cabeza es Albina Francisca Morales Rojas), tiene abierto ya un proceso de revisión de las cancelaciones efectuadas en 2019”.

La propia dependencia realiza un desglose interno de las bajas y vislumbra anomalías: “Se está por concluir un análisis, previendo que, en caso de identificar irregularidades, se procederá a la reactivación de aproximadamente del 60 por ciento de estos créditos”.

Según la SFP, la revisión es “una actividad no programada, derivada de la solicitud de una autoridad investigadora o de las atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna, tendiente a verificar una operación, procedimiento, actividad o el cumplimiento de disposiciones legales o administrativas”.

Así, mientras las baterías gubernamentales se enfocaron a los llamados grandes contribuyentes en activo, se descuidó la cartera de créditos rezagados.

PARADOJA. Durante los primeros meses del nuevo gobierno se reprochó el aumento desmesurado en el importe de esos créditos durante administraciones pasadas, y se planteó como objetivo eficientar la recaudación. Una de las estrategias del SAT fue coordinarse con la Procuraduría Fiscal de la Federación y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para monitorear a los deudores, rastrear sus bienes o detectar cualquier señal de vida en el sistema financiero, pues la mayoría se encontraba ilocalizable o reportaba carecer de capital y patrimonio.

“Esto no se realizaba anteriormente”, presumió Ríos-Farjat.

Para la supuesta investigación de bienes de contribuyentes se recurrió además a más de 30 fuentes internas: cuentas, tarjetas, fondos, compras, registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros padrones; y fuentes externas, tanto en el sector financiero como en el registro vehicular y plataformas adicionales.

Sin embargo, durante 2019, año y Vázquez Luna trabajó en esa tarea, la suma de adeudos cancelados se desbocó en comparación con años pasados…

En el gobierno de Felipe Calderón, de manera específica en el lapso de 2008 a 2012, el monto de cancelaciones fue de 448 mil 646 millones de pesos, para un promedio anual de 89 mil 729 millones.

Con Peña Nieto, de 2013 a 2018, el total fue de 483 mil 171 millones de pesos, un promedio de 80 mil 528 millones al año.

Con AMLO, en ese 2019, se cancelaron créditos por 296 mil 541 millones de pesos, 368 por ciento más respecto al promedio anterior. La cantidad, en tan sólo un año, corresponde al 62 por ciento de todo lo suprimido en el sexenio peñista y a más del 66 por ciento del periodo de 5 años referido del calderonismo.

Como parámetro del perjuicio, los más de 296 mil millones de pesos cancelados, equivalen al 72 por ciento de las condonaciones fiscales de 2007 a 2018, las cuales sumaron 413 mil 258 millones de pesos.

El 60 por ciento en busca de ser reactivado por el SAT englobaría alrededor de 178 mil millones de pesos.

DISCORDANCIAS. Otra de las alteraciones reveladas en la gestión de Ríos-Farjat y Vázquez Luna fue la discordancia en el monto de cancelaciones en gobiernos anteriores: en octubre de 2019—-cuando ya habían transcurrido 11 meses del actual gobierno— la Administración General de Recaudación reportó una cartera rezagada de 797 mil 924 millones de pesos, la cual no coincide con la documentada por el SAT apenas en septiembre pasado: 931 mil 817 millones anulados de 2008 a 2018. Una diferencia de 134 mil millones de pesos.

Aunque la cancelación de créditos fiscales no extingue la obligación de pago, los registros históricos del SAT indican una recuperación irrisoria de esa cartera a mediano y largo plazo: apenas, del 5 por ciento, debido a atrasos tecnológicos, fallas en el sistema y falta de personal en la dependencia.

Vázquez Luna no llegó con esta administración federal de la 4T. Él ocupó diversos puestos en el Servicio de Administración desde 1993: los últimos, como Administrador Central de Cobro Persuasivo y Garantías, y Administrador Central de Notificación, instancias desde las cuales —al menos en el papel— debía invitar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. A la luz de los números, fracasó…

Pese a esos antecedentes, el 13 de diciembre de 2018 fue ratificado por la Cámara de Diputados como nuevo Administrador General de Recaudación, brazo derecho de Ríos-Farjat. Tras la renuncia de ésta, a finales de noviembre de 2019, en busca del puesto como ministra de la Corte, el nombre de su colaborador sonó para ocupar la dirección del SAT, a donde finalmente llegó Raquel Buenrostro el 14 de enero de 2020.

Buenrostro refirió una limpia institucional. Cinco días después de su toma de protesta, se anunció la renuncia de Héctor Vázquez y el nombramiento ahí de Luis Abel Romero López, quien estaba en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.