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A 10 años del caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el INAI ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la versión íntegra de la averiguación previa de ese caso para garantizar el acceso a toda aquella información en poder del Estado que permita acelerar los procesos de justicia en este y otros casos de violaciones graves a derechos humanos.
La Fiscalía debe entregar también los documentos que dan cuenta del lugar donde se encontraban, en 2013, los restos pendientes de identificar de las 47 fosas clandestinas localizadas en 2011, en San Fernando, Tamaulipas.
Se advirtió que otorgar acceso a la información permitirá conocer las diligencias que lleva a cabo la autoridad para la investigación, detención, juicio y, en su caso, sanción de los responsables.
Después de varios años de litigio ante la postura de las autoridades por reservarse esa información, el INAI consideró que es de interés público conocer la verdad de los hechos y las investigaciones relativas a violaciones graves de derechos humanos, por lo que no puede reservarse ningún tipo de información, documento o dato relacionado con esa averiguación.
“Se determinó que es de interés público conocer la verdad de los hechos y las investigaciones relativas a violaciones graves de derechos humanos, por lo que no puede reservarse ningún tipo de información, documento o dato relacionado con la averiguación”, estableció.
El INAI sostiene que el acceso a la información relacionada con la investigación de este suceso es una condición necesaria para exigir justicia y la reparación del daño.
Recordó que del 10 de septiembre de 2010 al 22 de agosto de 2020 se han presentado 208 solicitudes de información a diversas instituciones públicas sobre la masacre de los 72 migrantes, en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y el hallazgo de las fosas clandestinas, en 2011.
Asimismo, se han interpuesto 38 recursos de revisión ante el Instituto, de los cuales, uno está en proceso de resolución y 37 ya fueron resueltos: 18 en contra de la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República; 3 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 3 del Instituto Nacional de Migración; 3 de la Secretaría de Marina; 3 de la Secretaría de Gobernación; 2 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y uno de la Policía Federal.
En su momento, el Pleno del entonces IFAI confirmó la reserva de la averiguación previa del caso, invocada por la Procuraduría General de la República, bajo el argumento de que el Instituto no podía pronunciarse sobre la existencia o no de violaciones graves a derechos humanos y, por tanto, no podía instruir la apertura de la información, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Sin embargo, tras 7 años de litigio, en abril de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la facultad prima facie del INAI para pronunciarse sobre la existencia de violaciones graves a los derechos humanos con la finalidad de garantizar el acceso a la información sobre estos acontecimientos.
En el ejercicio de esa facultad, el 29 de enero de 2020, el Pleno del INAI, a través de la resolución RDA 0791/12 TER, instruyó a la actual Fiscalía General de la República entregar la versión íntegra de la averiguación previa del caso.
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