La Fiscalía General de la República reconoce que sus capacidades institucionales son insuficientes ante la magnitud actual de la incidencia delictiva y, peor aún, “el impacto en la persecución de la actividad criminal más sofisticada es nulo”

El fiscal Alejandro Gertz Manero hizo una exposición ante senadores que en la que reconoce que el manejo de casos complejos es una asignatura a mejorar, la efectividad aún es baja y prueba de ello es que en 57 por ciento de los casos prioritarios se detuvieron las labores de investigación. Delitos como corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito, trata de personas, tortura, contrabando, extorsión, secuestro, entre otros, están en esta situación.

Gertz presentó el Plan de Persecución Penal que la FGR entregó al Senado que, junto con sus comentarios, muestran que la judicialización exitosa de un caso en México depende prácticamente de la flagrancia, es decir, que es muy poca la posibilidad de éxito al investigar un delito para dar con un responsable desconocido en inicio.

El documento entregado establecen 10 delitos prioritarios: corrupción, delitos contra el patrimonio nacional, delitos económicos y financieros, delitos cometidos contra los derechos humanos, contra la libertad de las personas, delitos contra el comercio, delitos de armas de fuego, delitos contra el sistema electoral, delitos ambientales y narcotráfico, mismos a los que se dará prioridad para lograr abatir el rezago. El fiscal hizo una alegoría en torno a esto, señalando que en los hospitales no se atiende a los pacientes según el orden en el que llegan, sino en función de la urgencia.

El informe acusa que la entonces Procuraduría General de la República no cumplió con la función de investigar y resolver los delitos puestos a su conocimiento, pues concluyó su existencia con un rezago superior a las 300 mil investigaciones inconclusas, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, más de 28 mil mandamientos ministeriales sin cumplimentar, algunos de ellos prescritos, y 3 mil dictámenes periciales rezagados.

La FGR admite en su informe al Senado que la investigación criminal es una asignatura pendiente y apremiante porque la mayoría de los delitos no son objeto de investigaciones científicas que contribuyan a la desarticulación de organizaciones criminales.

Para hacer frente a esta situación, un nuevo Modelo de Gestión propone la creación de Unidades de Casos Transversales que solo recibirá asuntos complejos donde no se identifique imputado y no existan líneas de investigación suficientes para que a partir de cruces de datos y análisis de información identifiquen patrones para realizar investigaciones específicas sobre organizaciones criminales.

A lo largo de 70 páginas, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, expone las carencias y retos por enfrentar en la persecución de crímenes pero reconoce que “la FGR no posee la capacidad de investigar exhaustivamente cada uno de los delitos de los que recibe denuncia”.

La primera limitante para conseguirlo —acusa— es de índole presupuestal, pues, ante la creciente incidencia delictiva, el presupuesto de la Institución ha disminuido en orden del 10 por ciento desde de 2015.

La Fiscalía General de la República explica que una proporción considerable de carpetas de investigación carece de datos de prueba para llevar a cabo una investigación exitosa e involucra delitos de bajo impacto social, lo que impacta en la efectividad del resultado.

El problema radica en que la institución ha dado la misma prioridad a delitos no complejos y complejos, lo que deriva en un dispendio de capacidades y recursos, así como en resultados deficientes, dijo

De acuerdo con el Plan de Persecución Penal, enviado por la Fiscalía al Senado de la República, reconocen que el manejo de casos complejos, aún representa una asignatura a mejorar debido a que la efectividad (de la Fiscalía) aún es baja.

Asimismo, informa que de enero de 2018 a junio de 2019, se registraron 63 mil 630 investigaciones concernientes a alguno de los diez ejes delictivos, de las cuales, 74% inició sin imputado conocido.

El Plan, establece que para que el enfoque de la investigación criminal evolucione a un modelo capaz de analizar la dinámica de los mercados ilícitos, “se requiere cerrar espacios a la discrecionalidad, arbitrariedad, injerencia política y corrupción que caracterizó el actuar de los operadores, y promover la coordinación y priorización de investigaciones específicas en función de la complejidad de los delitos y su contribución al desmantelamiento de organizaciones criminales”.