El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, se encuentra bajo una gran presión tras haber anunciado el lunes la destitución de los dos fiscales encargados de las investigaciones en el país por el escándalo Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Tras la decisión, se convocaron numerosas manifestaciones en Lima y en el país para protestar contra este despido, que interpretaron como una maniobra para entorpecer las investigaciones, que afectan a figuras de alto calibre como los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuckzynski.

Concretamente, Chávarry destituyó a los dos procuradores después de que éstos se prepararan para firmar un acuerdo de colaboración con Odebrecht para agilizar las investigaciones, con interrogatorios ya programados sobre los grandes casos de corrupción en el país.

Vela y Pérez denunciaron el martes que el principal motivo de su destitución era frustrar ese acuerdo y ayer presentaron una impugnación a la resolución de Chávarry ante la junta de fiscales supremos.

Paralelamente, Chávarry nombró antes de fin de año a dos sustitutos para llevar las investigaciones, Marcial Páucar y Frank Almanza, pero ambos rechazaron ayer el nombramiento.

RECTIFICACIÓN INSUFICIENTE. Sumado esto a las movilizaciones sociales que reclaman su dimisión, Chávarry dio ayer en la tarde marcha atrás y decidió restituir en el cargo a Vela y a Pérez. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y las protestas continuaron.

Por todo esto, los fiscales supremos de Perú, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, pidieron ayer a Chávarry que renuncie al cargo por haber generado “caos y desconcierto” al interior del Ministerio Público.

“Pese a la rectificación de dicha decisión, el proceder del Fiscal de la Nación ha afectado el desarrollo regular de dicha investigación, generando una situación de caos y desconcierto al interior de nuestra institución”, indicaron Sánchez y Ávalos.

Asimismo, la fiscal adjunta suprema, Liz Benavides, pidió a Chávarry dar “un paso al costado y de esta manera permita una salida democrática, siempre dentro de los cánones de la constitucionalidad y legalidad”.

MOCIÓN PARLAMENTARIA. A la vez, el caso generado llevó ayer al presidente peruano, Martín Vizcarra, a presentar al Congreso una petición para declarar en emergencia al Ministerio Público, una medida que permitiría bloquear la decisión de Chávarry de bloquear el acuerdo con Odebrecht.

Es tal la incomodidad de la sociedad peruana con la actuación del Fiscal General, que incluso Keiko Fujimori pidió desde la cárcel a su bancada en el Parlamento que apoye el pedido de Vizcarra, cuando el fujimorismo había respaldado hasta ahora a Chávarry.