Tras el anuncio del relevo en la Secretaría de la Función Pública, en la que Irma Eréndira Sandoval le pasa la estafeta en el combate a la corrupción a Roberto Salcedo, que cuenta con trayectoria en la administración pública estatal, local y federal, analistas como Edna Jaime consideran positivo el cambio, pero señalan que la tarea del nuevo titular de esa dependencia deberá dejar de ser selectiva en los casos que se denuncian y actuar conforme a las reglas y la ley.

Jaime Treviño dice a Crónica que si en verdad en presidente Andrés Manuel López Obrador quiere combatir la corrupción debe permitir a las instituciones operar a toda su capacidad, y que su discurso no quede sólo en la demagogia.

"El cambio es positivo, siempre y cuando el nuevo secretario tenga margen de maniobra, que no reciba línea y que se dedique a cumplir el mandato de la dependencia que va a encabezar. La Función Pública juega un papel importantísimo en todo el andamiaje del combate anticorrupción".

La analista evita hablar de una evaluación del trabajo realizado durante más de dos años de Irma Eréndira Sandoval, pero sí destaca que Roberto Salcedo cuenta con una gran trayectoria en la administración pública, por lo que no duda en señalar que tiene toda la capacidad para desempeñar un buen papel en la Función Pública.

Al referirse a temas como la investigación en torno a la riqueza acumulada por Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quien se le indagó por la posesión de diversos inmuebles y salió exonerado en la administración de Sandoval Ballesteros, además de las acusaciones y denuncias contra Sanjuana Martínez, directora de Notimex, Edna Jaime estima que habría que hacer una evaluación del trabajo de la hoy exsecretaria federal.

"Estos casos nos hicieron pensar que hubo un trato selectivo de los instrumentos con los que cuenta la Función Pública, pero debe hacerse una evaluación del trabajo de Irma Eréndira, aunque no tengo los elementos para decir si cabalmente fue así".

Edna Jaime enfatiza que si el Presidente realmente quisiera combatir la corrupción debería dejar a las instituciones y no amenazarlas, como en el caso de la Auditoría Superior de la Federación que ventiló sobrecostos en la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y cuyo titular fue amedrentado con su destitución.

"Si se busca un control real de lo que ocurre en la administración pública, el Presidente debe actuar con respeto a las instituciones", zanja la analista.