Exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), exdiputados federales, un expresidente municipal y una empresa gasolinera son el objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a acciones de lavado de dinero por robo de hidrocarburos, respecto a los cuales ya hay siete denuncias y, a más tardar hoy, se presentarán tres más ante la Fiscalía General de la República (FGR), informó Santiago Nieto, titular de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el funcionario federal, la UIF cuenta con dos modelos de investigación que permiten rastrear la procedencia de recursos hacia cuentas bancarias, lo que le permitió detectar actividades de esos objetivos que ya están ubicados.

“Con Pemex se identificaron 11 sujetos que no adquirieron combustible desde 2016 y 2017 a Petróleos Mexicanos, y en este momento se encuentran bloqueados en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta en términos de la Convención de Palermo (y) de la Convención de Mérida Contra la Corrupción, a poder introducir, incorporar en la lista de personas bloqueadas, a aquellas personas físicas o morales que estén desarrollando una actividad presuntamente relacionada con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo”, explicó Santiago Nieto ante los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Nieto, junto con el director de Pemex, Octavio Romero; de Energía, Rocío Nahle, y el de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, cumplieron con su cita —el pasado 15 de enero se canceló esta reunión ante diputados y senadores— para comparecer en torno a la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el combate al huachicol, una práctica que llevaba 18 años, y anualmente provocaba pérdidas por 65 mil millones de pesos.

“Pudimos detectar a partir de los datos de la información proporcionada por los bancos en México, que aproximadamente 40 mil millones habían sido reportados por los bancos como una posible actividad de lavado de dinero, en los cuales 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas ­vinculados con robo de hidrocarburos que introducían, ya sea por efectivo o por la venta del hidrocarburo en gasolineras, que las estaciones de servicio introducían al sistema financiero los recursos provenientes de la comercialización de hidrocarburo robado”, reveló Santiago Nieto.

Indicó que desde el pasado 20 de diciembre, cuando se dio la instrucción del Presidente de la República de iniciar el combate al robo de hidrocarburos, se localizaron 20 mil 338 sujetos entre Pemex y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y eso se filtró con la base de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera a fin de detectar a ocho mil 482 personas que aparecieron en esa base.

La Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con dos tipos de información: por un lado, revisa los montos relevantes que son transferencias o depósitos bancarios por más de 10 mil dólares, y por otro lado, aquellas actividades inusuales en las que los usuarios o clientes del sistema bancario desarrollan una actividad que es anormal, inusual, extraordinaria, respecto a su operación habitual.

“En este caso, nos generamos a partir de esos modelos un listado de posibles empresas que estuvieran relacionadas con el robo de hidrocarburos y su comercialización”, explicó Nieto, quien agregó que la hipótesis que se ha planteado en las denuncias ante la FGR y a partir de la incorporación en la lista de personas bloqueadas es precisamente que ese diferencial se explica a partir del robo y comercialización de los hidrocarburos.

TAMAULIPAS. De acuerdo con la UIF, se identificaron casos de gasolinerías que no adquirían producto, por lo que hay 33 sujetos directamente denunciados y bloqueados y 188 terceros relacionados que han sido bloqueados a partir de que se inició el operativo. Los montos de depósito ascienden a más de 5 mil millones de pesos y los retiros a más de mil 633 millones.

“En su conjunto esto implica recursos, por ejemplo, que son superiores al financiamiento público que reciben todos los partidos políticos, que recibieron todos los partidos políticos con motivo de la elección federal y locales del año 2018 —únicamente para hacer un comparativo de las ganancias que se encuentran en este sector—, refirió Nieto.

Así, señaló que los montos hasta el momento bloqueados que han sido reportados por los bancos son 187 millones y 666 millones de pesos. “Esto en su conjunto, en este mes representa más de lo que durante todo 2018 fue asegurado por la SEIDO, por la Procuraduría General de la República, en ese entonces denominada así, en todos los operativos de combate a la delincuencia organizada”.

La empresa paralela. En tanto, Rocío Nahle, titular de Energía, señaló que en estos casi 60 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el reto es desmantelar la empresa paralela que vende combustible robado a Petróleos Mexicanos (Pemex), sangrando así las finanzas de la mayor empresa productiva del país.

Nahle acudió ayer, junto con el director de Pemex, Octavio Romero; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y el de Profeco, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, a San Lázaro, para explicar a diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los resultados que ha arrojado la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos, además de contestar los cuestionamiento de los legisladores sobre los argumentos que definieron el plan antihuachicol.

“Se conoce que desde el año 2000 iniciaron con la ordeña a tomas clandestinas de robo de hidrocarburos. En 2002 se tenía conocimiento de 180 tomas. Para 2007, después de que se hizo un atlas en las instalaciones estratégicas y esta información, cabe decir, no se manejó con el debido cuidado (por parte del gobierno calderonista) como estrictamente confidencial, ese año se registraron 323 tomas”, explicó la funcionaria, quien agregó que por eso se determinó cerrar las válvulas en diferentes tramos por donde atraviesan los ductos, y reconoció que los estados que mayor problema de desabasto han presentado son Guanajuato, Jalisco y Estado de México. “Justamente donde más ataques a los ductos se manifiestan. Y se estableció una logística para surtir a esas entidades del producto”.

Nahle explicó que al tener conocimiento de la necesidad de cerrar válvulas se aprobó la operación en tramos estratégicos donde había cientos de tomas clandestinas. “Desde un inicio de la operación confirmamos que en las 74 terminales de abastecimiento de Pemex tenían altos niveles de inventarios de combustibles y que las importaciones de gasolina estaban garantizadas para abastecer el mercado nacional”.

Señaló que dentro del Sistema Nacional de Refinación se tenían cuatro refinerías en producción el primero de diciembre; para finales de diciembre Pemex tenía cinco de las refinerías produciendo, incluso la primera semana de enero estaban activas las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación de Pemex.

Hizo énfasis en que este gobierno ha lanzado el plan de rehabilitación de las refinerías que estaban en el abandono financiero.

Aclaró ante diputados que Pemex lleva puntual registro de ventas a nuevas gasolinerías, que no sólo le pueden comprar combustibles a la paraestatal, también pueden abastecerse de quienes tienen permisos de importación y distribución.

“De ahí que la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía nos estamos dando a la tarea de implementar medidas más rigurosas en el control y seguimiento de los combustibles, desde el barco de descarga cuando se importa, hasta el despacho en la bomba de servicio, así como el otorgamiento de permisos para estaciones de servicios. Se está siendo más rigurosa la investigación o seguimiento de los permisos”.

Aseguró que esta semana se tiene previsto que ningún estado de la República padezca por desabasto de gasolinas.

En tanto, Octavio Romero, director de Pemex, señaló que el incremento del robo de gasolinas enfrentó al gobierno a una disyuntiva: “Continuar resolviendo el problema en lo inmediato para que continuara apareciendo cada día, o bien, enfrentar el asunto de fondo para resolverlo de una vez por todas, aunque con inconvenientes.

“Se tomó la decisión de combatir frontalmente este delito no cerrando ductos de manera simplista, sino aplicando estrictamente la ley. Se cumplió el procedimiento para aplicar los criterios a seguir, cuando se presentan variaciones de condiciones de operación en los sistemas de transporte por ducto, en vigor desde enero de 2013”, explicó el funcionario federal, quien en un momento de la comparecencia se mostró molesto por el tono de las preguntas de algunos diputados.

Informó que la estrategia ha dejado como resultado 65 por ciento menos, desde el cierre de ductos que inició el pasado 20 de diciembre.

Indicó que durante 2018 se robaron, en promedio, el equivalente a 56 mil barriles diarios a través de tomas clandestinas, pero al 26 de enero, la sustracción ilegal del combustible disminuyó al equivalente de 20 mil ­barriles diarios.

Por último, la Profeco, a cargo de Francisco Ricardo Sheffield Padilla, señaló que durante el mes que lleva el plan antihuachicol no ha detectado aumentos de precios de los combustibles por el desbasto registrado tras el cierre de ductos.