Difícilmente se puede argumentar que la agresiva propagación del virus SARS-CoV-2 es una causal de violencia, pues es ante todo un problema de salud pública. Sin embargo, es mucho más obvio que su transformación en pandemia y la carencia de herramientas para su erradicación definitiva, al menos por el momento, sí contribuye a exacerbar los problemas políticos, económicos y sociales que ya existían en el mundo, y a detonar otros nuevos como, por ejemplo, las manifestaciones en varios países en contra del uso de mascarillas sanitarias. Ello se ha hecho evidente en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y ha obligado a instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU (CS) a involucrarse más decisivamente en su tratamiento.

En las primeras etapas de la transmisión generalizada de la Covid19, cuando la OMS se decidió por fin a considerarla como una pandemia global, el 11 de marzo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue de los primeros en advertir la magnitud del problema más allá de la esfera de la salud pública. Antes de finalizar ese mes, formuló un llamado a establecer un alto al fuego en todos los países afectados por conflictos, a fin de permitir la asistencia humanitaria y la adopción de medidas preventivas de contención del nuevo coronavirus, como una contribución que impidiera el agravamiento de los conflictos y el padecimiento más agudo de sus poblaciones, en especial de los sectores más vulnerables. Más adelante, exhortó a evaluar el efecto de las sanciones económicas impuestas a ciertos países, con el objetivo de evitar profundizar los efectos negativos de la pandemia entre sus poblaciones y ayudar a los gobiernos en sus esfuerzos de mitigación y contención del nuevo virus. Entre varios ejemplos posibles, cabe pensar en las dimensiones dantescas del problema de la pandemia en países tan deteriorados como Yemen, inmerso en una cruenta guerra interna desde 2015, transformando a un país pobre en una catástrofe humanitaria. La tragedia existente se profundiza por el agravamiento del hambre, los crecientes desplazamientos y flujos de refugiados, y los muertos. Y ése es solamente un ejemplo posible de entre varios.

Aunque con mucho retraso, el CS respondió al llamado del secretario general y acordó una pausa humanitaria de 90 días en los conflictos internacionales que son parte de su agenda global de paz y seguridad, con base en la resolución 2532, adoptada por sus miembros el 1 de julio de 2020. La intensa negociación de varios meses, encabezada por las delegaciones francesa y tunecina, para lograr este compromiso hubo de sortear las dificultades imperantes, ya bien conocidas, en las relaciones entre Estados Unidos y China en materia de la Covid19, así como de la oposición estadounidense a cualquier mención en la resolución 2532 del papel de la OMS, pero también las reticencias de otras delegaciones como la sudafricana o la rusa de que el CS se inmiscuya en temas económicos, sanitarios u otros que corresponden a otras organizaciones del sistema de la ONU, y que en su óptica no constituyen propiamente amenazas a las paz y a seguridad. El compromiso final que permitió la adopción de la resolución 2532 fue evitar mencionar a la OMS, recurriendo a la resolución de la 74/270 adoptada por la Asamblea General de la ONU (AG) el 2 de abril de 2020 sobre la solidaridad global en el combate a la Covid19, en la que por cierto, México tuvo una labor muy destacada en su adopción. Ello constituirá sin duda, un antecedente de relevancia de cara a la participación mexicana en el CS a partir del 1 de enero de 2021.

Allanada esa parte de las dificultades, el CS ha logrado reunirse en tres ocasiones para evaluar el impacto del coronavirus. Lo más destacado es que ha programado para finales de septiembre, en coincidencia con la semana virtual de Alto Nivel de la AG, una cumbre sobre la gobernanza global post Covid19. El contexto alrededor de la pandemia y el estado de cosas en el sistema internacional no abonan a la esperanza de que ese encuentro pueda ser un parteaguas. Probablemente sea más sensato esperar que sea una primera reflexión colectiva sobre la necesidad de adaptar la agenda tradicional de paz y seguridad a los retos que plantea una pandemia como la actual hacia futuro, así como otras amenazas como el cambio climático, los desastres medioambientales y las crisis económicas, que en principio parecían ajenas al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, como el SARS-CoV-2.

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