Da la impresión que el llamado del secretario general de la ONU para un cese al fuego en los conflictos internacionales para concentrar los esfuerzos y los recursos en el combate a la pandemia global ocasionada por el virus SARS-CoV-2, cae constantemente en el vacío. El más reciente ejemplo, es el reinicio del choque militar en un conflicto que llevaba décadas congelado entre Armenia y Azerbaiyán, en el enclave de Nagorno-Karabakh. Es evidente que la coyuntura de la emergencia sanitaria en el mundo ha servido de trasfondo a la exacerbación de problemas políticos, económicos y sociales que si bien ya existían, parecen haber cobrado nuevos impulsos al amparo de ella.

En columnas anteriores nos referimos a que instancias del sistema de la ONU que tienen en su mandato encomiendas distintas a la salud pública, como es el caso del Consejo de Seguridad (CS), se han visto obligadas a ocuparse del tema más decididamente. Y que en esa medida el CS, aunque con retraso, finalmente respondió al llamado del secretario general con la adopción de la resolución 2532, en julio pasado, con la que acordó una pausa humanitaria de 90 días en los conflictos internacionales. Posteriormente, el CS logró reunirse en varias ocasiones para evaluar el impacto del coronavirus en la paz y la seguridad internacionales, incluyendo una reunión cumbre durante el mes de septiembre sobre la gobernanza global post-Covid19.

El inicio del mes de octubre ha coincidido con el comienzo de la presidencia mensual de Rusia en el CS, país que ha planteado como parte de sus trabajos celebrar un debate dedicado a revisar la situación en el Golfo Pérsico, una región siempre compleja y con dinámicas delicadas en función de los intereses y los actores políticos presentes en ella. Si bien acotado en cuanto a su foco de análisis, esta reunión no deja de tener una importancia especial no sólo por los temas que serían examinados durante la reunión, sino también porque ha sido fuertemente impactada por la epidemia de la Covid-19. No obstante, conviene hacer notar que no se trata precisamente de una iniciativa surgida de la coyuntura reciente, sino que más bien proviene de un planteamiento que los rusos formularon en 2019 enfocada a convocar a los países árabes, Irán, Turquía, los miembros permanentes del CS y los del BRICS (Brasil, India y Sudáfrica, además de Rusia y China), así como a la Unión Europea y la Liga Árabe, entre otros, para analizar los retos comunes en materia de terrorismo y extremismo. De acuerdo con la propuesta original, ello buscaría la coordinación necesaria para una conferencia internacional sobre seguridad y cooperación con la participación de todos los actores relevantes en el Golfo Pérsico para establecer los parámetros de un futuro sistema de seguridad en dicha región con base en el derecho internacional, la Carta de la ONU y las resoluciones pertinentes del CS, como la 598 (1987) que pide al secretario general de las Naciones Unidas examinar todas las medidas que contribuyan a garantizar la seguridad y la estabilidad en esa región tan importante como compleja del mundo.

Los miembros del CS tendrán ante sí la ocasión de intercambiar opiniones para evaluar si es factible ir más allá del llamado al cese al fuego del secretario general en lo general y en situaciones que aquejan a la región pero con incidencia en la política internacional, como en Yemen, Irak y el contencioso entre Irán y Estados Unidos alrededor del desarrollo del programa nuclear iraní, por mencionar algunos de los focos rojos existentes. Es una empresa complicada y con retos formidables por delante, pero si el CS lograra concitar un mínimo acuerdo entre los principales actores sin duda constituiría un aporte en la dirección correcta en un momento crucial para el futuro inmediato de la región y del sistema internacional en su conjunto.