La semana pasada, una declaración de López Obrador sorprendió a varios extrabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación. El presidente dijo: “estamos esperando que se desahoguen los juicios que están en el Poder Judicial, garantizando a los trabajadores de Mexicana que no va a haber consigna para perjudicarlos…” Lo sorpresivo es que, al menos en los juicios VIGENTES del tema Mexicana, apenas quedan dos demandas en litigio: las que se presentaron apelando a la Ley del Mercado de Valores contra Grupo Posadas y su exdirector, por ocultamiento de información relevante y por difundir información falsa al público inversionista.

En ambas, si bien se espera que la orden de aprehensión se ejecute y el exdirectivo de Posadas comparezca ante un juez, la sentencia que se derive podría ir en detrimento de los trabajadores, si se le llegara a exonerar de este delito, pero no los perjudicaría más de lo que ya de por sí están.

Y es que, en el global, las faltas a la Ley del Mercado de Valores resultan un delito menor porque el verdadero litigio tiene que ver con la forma cómo se administró la empresa durante los años en que esta aerolínea estuvo en manos de la hotelera. Una vez que en abril del 2014 fue declarada la quiebra —aunque no ha causado estado de ejecución completa— en realidad, hoy en día no es mucho lo que en el terreno judicial puede hacerse, aunque es claro que se espera un juicio apegado a derecho, pero aún hay más que hacer en el terreno político y de gobierno.

En principio, darle velocidad a la venta de los activos que faltan para finiquitar los pagos a los trabajadores y después, si hay la voluntad de apoyar (que es diferente a no perjudicar), el gobierno podría ir más allá.

¿A qué nos referimos? Hay indicios suficientes para presumir que entre los años de 2005 y 2010, la ruta seguida por los administradores de la empresa tuvo el objetivo de llevar a la quiebra a Compañía Mexicana de Aviación, dejándole los pasivos y transfiriendo sus activos a Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), lo cual califica como quiebra fraudulenta. Asimismo, al “vender” en mil pesos las acciones de NGA a una empresa recién creada, el gobierno federal no hizo su tarea de asegurar ni en el primer caso ni en el segundo, la capacidad técnica, jurídica, administrativa y operativa de esas dos empresas para hacerse acreedora a la concesión (ésa sí, responsabilidad entera del gobierno en turno).

¿Cómo hacer justicia?  Empezando por revertir los actos ilegales y a partir de ello fincar las responsabilidades a los actores, imponer las sanciones, recoger la concesión y entregarla a quien sí pueda hacerse cargo de ella. Esto no puede hacerlo un juez, pero sí la federación que es la que otorga las concesiones.

Lo oí en 123.45: La semana anterior comenté la posibilidad de hacer una ruta aérea en el circuito “maya" de 5 estados con 24 aeropuertos que ya existen. Por error escribí que el tren maya está presupuestado en 150 mil millones de dólares, cuando la cifra es en pesos. De todos modos, es un mundo de dinero y con mucho menos de ello se podría subvencionar una aerolínea hasta que sea autosuficiente

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