La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el jueves en el Diario Oficial de la Federación, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de unos 280 fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos no estratégicos.

El mandatario dijo este viernes en su conferencia matutina que los “guardaditos” que tenían distintas dependencias del gobierno federal —que representan alrededor de 740 mil millones de pesos—, regresarán a la arcas de la Secretaría de Hacienda para hacer frente a la emergencia sanitaria por coronavirus que se vive en el país, seguir apoyando a los pobres con los programas sociales, ayudar a la reactivación de la economía, apuntalar a Pemex por la caída en los precios del petróleo y a pagar la deuda del país.

Luego de que el jueves se publicó el decreto en el DOF, López Obrador explicó que los recursos que regresarán a la tesorería de la federación representan casi un punto del Producto Interno Bruto (PIB); además de que se tenían, esos fideicomisos tenían que desaparecer por mandato de ley. “Teníamos que hacerlo porque nos los demanda la Ley (Federal) de Austeridad Republicana. La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales, hay fideicomisos que sí están creados por ley, éstos no se pueden eliminar por decreto, pero hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos o decretos del Ejecutivo”.

Sobre este asunto, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval se congratuló por el decreto presidencial mediante el cual se eliminan desde el 2 de abril dichos fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que, a más tardar el 15 de abril, se reintegren a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que forman parte de ellos.

La funcionaria consideró, a través de un comunicado, que con la extinción de los fideicomisos se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció durante los gobiernos anteriores.

Asimismo, expresó su compromiso por la correcta aplicación de la medida, y anunció que los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuenten sean correctamente transferidos, para nutrir los programas prioritarios del Gobierno de México.

Y es que el decreto establece que la Secretaría de la Función Pública, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboren en la aplicación de la medida.

“Desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por la Secretaría de la Función Pública, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, estructura, patrimonio, objeto eficiencia y eficacia”.