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En lo que va del presente sexenio, 29 infantes de Marina han perdido la vida en el combate contra el crimen organizado. Los elementos de la Armada de México cayeron en operaciones realizadas en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, Colima, Sonora, Estado de México, Guerrero y Sinaloa. Ésta es la respuesta de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, a una solicitud de información vía transparencia.
En los operativos por tierra y aire, los infantes portan fusiles colt M-16 y M-4 que datan de los años 1995, 1997, 2000, 2004, 2006 y 2010. Actualmente, la dependencia encabezada por el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz utiliza 50 aeronaves para implementar acciones contra el narcotráfico en diferentes entidades del país, principalmente en Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Colima.
Entre las aeronaves destacan seis aviones Casa CN-235; tres Redigo L-90TP; y cinco aviones Casa C-295M. Asimismo, 17 helicópteros de origen ruso MI-17 y tres Black Hawk UH-60M, así como dos Panther AS565MB y dos Cougar EC-725. Los vehículos en los que los elementos se desplazan por tierra son modelos 2008, 2010, 2012 y 2014.
En promedio, la Secretaría de Marina Armada de México gasta 182 millones 799 mil 333.15 pesos anuales en el despliegue de tropas para apoyar a los estados en tareas de seguridad pública y de combate a las organizaciones criminales.
Los datos obtenidos a través de la solicitud de información, con número de folio 0001300024616, refieren que la Armada de México tiene distribuidos a más de 11 mil infantes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La dependencia sólo cuenta con información de los últimos cuatro años, es decir, de 2012 a 2015, y no del periodo 2007-2012 que comprende el sexenio del panista Felipe Calderón, pues, argumentó, no encontró registro de los montos económicos destinados en ese tiempo para el desempeño del personal de Marina en dichas tareas.
Aclaró que la institución, encomendada en tareas de combate a los cárteles de la droga, coadyuva en labores de seguridad pública para el restablecimiento del Estado de Derecho, a petición de autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Cabe señalar que la facultad de seguridad es competencia de la Policía de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22, fracción II inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República…”, recordó la dependencia.
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