Por eso, el caso de las llamadas Poquianchis estremeció a todo el país; no porque nunca se hubiera dado, en la vida nacional, un caso de trata de mujeres, sino porque aun en esos años de auge y de mirada esperanzada al futuro, el destino de un grupo de mujeres, en el desamparo más completo, conmovió a los mexicanos que se enteraron, a pocos días de haber comenzado 1964, de que en el estado de Guanajuato, en San Francisco del Rincón, las autoridades habían aprehendido a dos hermanas, apellidadas González Valenzuela, culpables de trata de mujeres. Pero lo que era un hecho criminal de por sí grave, se convirtió en historia de horror.
La historia pública de Las Poquianchis comenzó a escribirse días antes, cuando una mujer, Petra Jiménez, interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del estado de Jalisco, intentando localizar a su hija María. En Guanajuato, otras dos denuncias por desaparición de mujeres llegaban al escritorio de la policía judicial del estado y una muchacha, Catalina Ortega escapada de un burdel, puso a las autoridades en la pista para unir los hilos que tenían en sus manos.
Cuando las hermanas González Valenzuela fueron detenidas, el 12 de enero de ese 1964, empezó a aflorar el horror: en realidad, aquellas señoras llevaban 25 años dedicadas al oficio de regentear prostíbulos, y si el asunto no se había hecho público a lo largo de ese cuarto de siglo, era porque tenían amistad y protección de la policía y de algunos presidentes municipales.
Las autoridades encontraron, al arrestar a las hermanas González, a 15 mujeres, todas desnutridas. Había también dos niños. A los 21 días, la tercera de las hermanas se entregó a la policía.
Las quince mujeres, que vivían prácticamente secuestradas, obligadas a prostituirse, comenzaron a contar su historia. Desde que el gobernador Torres Landa, que había empezado su gestión en 1961, prohibió la prostitución en Guanajuato, el régimen al que estaban sometidas empeoró. Muchas de ellas habían sido robadas por hombres a sueldo de las hermanas González, otras, vendidas. Tenían 12, 13 o 14 años cuando las arrancaron de sus hogares. Para Las Poquianchis, una mujer de 25 años ya era “vieja”, y no les servía para la clientela de los burdeles que tenían en diferentes localidades de Guanajuato y Jalisco. Muchas de ellas murieron a palos, y fueron enterradas clandestinamente. Se dijo que sus víctimas sumaban, al menos, 90, mientras otros juraban que Las Poquianchis eran las responsables de la muerte de unas 150 muchachas.
Encarceladas primero en San Francisco del Rincón, fueron trasladadas a Irapuato, para evitar que una multitud enfurecida las linchara.
Una publicación célebre en la historia de la cultura popular mexicana, Alarma!, se dedicó a narrar, con lujo de detalles, los horrores que habían vivido las víctimas de las hermanas González Valenzuela. Durante los meses que duró aquella serie, la publicación vendió más de medio millón de ejemplares, y en la década siguiente se haría una película y hasta un guanajuatense célebre, el escritor Jorge Ibargüengoitia, escribiría una novela, Las Muertas, en la que el tema de fondo era la gran hipocresía que había permitido medrar a Las Poquianchis.
En el verano de 1964, el general en retiro Humberto Mariles, gloria olímpica de México, circulaba en su automóvil Peugeot por el aún nuevo Periférico. Un Chevrolet se le cerró. El militar gritó algunos insultos, el otro conductor respondió con un ademán grosero. Furioso, Mariles siguió al otro conductor hacia la zona donde se estaban instalando los juegos mecánicos del bosque de Chapultepec. Ahí se detuvieron ambos conductores. Se hicieron de palabras. Mariles sacó un arma, y el otro hombre echó a correr. El militar disparó y lo hirió en la espalda. Los guardias del bosque rodearon a Mariles y llamaron a una ambulancia. El herido, que resultó ser Jesús Velázquez, jefe de las obras de ampliación de Chapultepec, fue llevado a la Cruz Roja. En el hospital, el agente del Ministerio Público recogió el arma del general y asignó un policía para vigilarlo. Pero Mariles abandonó el hospital; unos dijeron que escapó por la ventana de un baño, y el militar declararía después que no se había fugado, que se había marchado porque tenía el compromiso de atender a una delegación de caballistas venezolanos.
Jesús Velázquez murió pocos días después de la operación de emergencia en la que le sacaron la bala disparada por el general Mariles. Estalló el escándalo. El secretario de la Defensa, Agustín Olachea, declaró que el general no estaba vinculado a las fuerzas armadas y por tanto era sujeto de las disposiciones del Código Penal.
Se dictó orden de aprehensión contra el militar que, montando a su caballo Arete, había ganado medalla de oro en los juegos olímpicos de 1946, iniciando así una gran carrera como deportista. La defensa de Mariles empezó a litigar en la prensa, promoviendo, por un lado, la biografía deportiva del general, y difundiendo versiones de que la víctima, Jesús Velázquez, era un hombre violento que tenía antecedentes por acusaciones de agresión. Por eso, dijo, el general actuó en defensa propia. Pero en el mismo torbellino de publicaciones periodísticas, circularon las historias que pintaban a Mariles como un hombre con accesos de violencia y con antecedentes de adeudos no pagados y posible malversación de fondos. Durante el proceso, civiles y militares acudieron por docenas a manifestarle apoyo al militar enjuiciado, y siempre se llevaban a cambio algunas narraciones de sus triunfos hípicos.
En junio de 1965, el general Humberto Mariles fue declarado culpable de homicidio simple intencional y se le condenó a 10 años de cárcel, de los cuales solamente purgó 7 en la cárcel de Lecumberri. Se fue a Francia, donde murió en 1972, involucrado, aparentemente, con traficantes de drogas. Un momento de ira lo puso en el peor de los caminos, después de haber sido una de las estrellas del deporte olímpico mexicano.
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