Otra vez, un gobierno municipal, que se vende a adinerados promotores hoteleros (regiomontanos como  Canales y Valdés, o locales como Ponce, entre otros), lanza un plan de desarrollo que «autoriza» la construcción de diez mil habitaciones hoteleras en la Isla de Holbox, perla del Caribe mexicano.

Situada a unos cuantos kilómetros al norte de Cancún, la isla de Holbox forma parte del Área Natural Protegida (ANP) Yum Balam, ubicada al norte del estado de Quintana Roo y decretada desde 1994 como un Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), para proteger cuatro especies de manglar, selvas, lagunas, dunas costeras, arrecifes coralinos, playas de anidación de tortugas marinas, territorio de jaguares, sitios de humedales para la reproducción del flamenco rosado ycostas de agregación de tiburón ballena; alrededor de mil cien especies registradas en total, de las cuales 112 se encuentran en alguna categoría de riesgo.

Durante los últimos dos años, una mesa de concertación —en la que participan gobierno del estado, gobierno municipal, ejidatarios, pescadores, hoteleros, desarrolladores urbanos, académicos especialistas, ambientalistas y la Conanp— ha trabajado en la elaboración del Programa de Manejo, junto con el Consejo Asesor, buscando encontrar la fórmula que permita asegurar un equilibrio sano entre desarrollo económico y conservación, que autorice un turismo de bajo impacto, sustentable, que priorice la preservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales indispensablespara la sociedad.

En el contexto de los trabajos de esta mesa de concertación, mientras se deliberaba cómo elegir un tercero especialista en impacto ambiental (internacional, para realizarar un estudio de impacto comparativo con la situación que prevalece en otros lugares similares del planeta), súbitamente se publica un plan de desarrollo municipal que «autoriza» construir un desarrollo hotelero en la Isla de Holbox. «Autorización» ilegal en contra de la cual se han manifiestado el gobierno del estado, las secretarías estatales de medio ambiente y de turismo y el Congreso del estado.

La Conanp decide entonces abandonar la mesa de concertación y preparar una controversia constitucional en caso que el gobierno municipal no corrija este desatino. La Conanp cuenta hasta el 13 de mayo para presentar esta solicitud y proceder en consecuencia. Se trata de una controversia entre el Poder Ejecutivo Federal y un Poder Ejecutivo Municipal, en la que intervienen el Consejo de la Judicatura Federal y la presidencia de la República.

El artículo 46 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece con toda claridad que: «En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población». Por consiguiente, la iniciativa del presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona, es anticonstitucional a todas luces y está sólo —excepto por los poderes del dinero involucrados— ante la Federación, el gobierno del estado, la jurisprudencia previa de la SCJN y, por supuesto, todos los ambientalistas y defensores de la integridad de los ecosistemas y de las Áreas Naturales Protegidas que los protegen.

Sirva este proceso para consolidar la posición del Poder Judicial de la Federación a favor de la defensa del medio ambiente, para las generaciones del presente y las generaciones futuras.

*Coordinador Editorial del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente.

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