El Bajío y el centro-occidente del país tienen tasas de crecimiento económico envidiadas por el resto del país, pero uno de sus motores, Guanajuato, se convirtió también en la entidad con más asesinatos mensuales. La desventaja para el estado es, increíblemente, tener ductos de Pemex y una refinería en la que impactó la estrategia antihuachicol, señala Juan Miguel Alcántara Soria, extitular de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se logró acabar con el huachicoleo en la Refinería de Salamanca, que era el robo de combustible de volúmenes inmensos, pero en el territorio estatal el número de pequeñas tomas clandestinas se multiplicó, explica Alcántara, y un cártel enclaustrado antes en Santa Rosa de Lima, con base social sólida, construida a lo menos desde hace una década, se hace del territorio con base en violencia, secuestros, extorsión y asesinatos.

Alcántara Soria realizó una exposición recientemente de esta reorganización en la geografía delictiva en tiempo de la 4T. El huachicol y los ductos de Pemex, aun ahora que se logró el objetivo de minimizar los volúmenes de robo de combustible, están en el centro de su razonamiento.

“La estrategia del Presidente contra el huachicoleo acabó con el mayor robo, que era el que se realizaba dentro de la propia refinería de Salamanca”, señala, “sin embargo, las tomas clandestinas se incrementaron y comenzaron a extenderse (desde Guanajuato, a través de los ductos) hasta alcanzar Hidalgo y Estado de México”.

La infraestructura industrial le representaría una desventaja al estado: “Si vemos a los estados vecinos, que están en similares situación de crecimiento económico, como Querétaro y Aguascalientes particularmente, resulta que la desventaja de Guanajuato es que cruzan ductos de Pemex”. El impacto de cárteles de la droga no fue frenado, sólo se trasmutó.

El cártel dominante, Jalisco Nueva Generación, se vio impactado por las medidas antihuachicol en Salamanca, pero un cártel local, el de Santa Rosa de Lima, pudo adaptarse a las nuevas circunstancias y recurrir a otros delitos como formas de financiamiento alterno.

“El Cártel de Santa Rosa de Lima aprovechó que tiene una mejor base social coptada y ocupó espacios que antes eran del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este año hay expresiones de mucho mayor violencia, por ejemplo rafagueo de distribuidoras de automóviles en Celaya que se negaron a la extorsión. Tenemos también el mayor número de ejecuciones del país” pues este cártel local optó por incrementar su disposición a la violencia en pos de asegurar el territorio y conseguir recursos económicos.

La respuesta de la autoridad, según lo expuesto por Alcántara, puede carecer de la adaptabilidad que logran los cárteles:

“No hay un incremento cualitativo ni cuantitativo de las policías municipales o estatales, no sustancialmente; prácticamente son las mismas y por lo mismo están rebasadas las capacidades de contención”, expone, “no hay inteligencia policial ni en municipios ni en el estado, lo que se refleja en el aumento de delitos”.

Lo peor, comenta es que “con base en datos del propio gobernador, hay 10 municipios con autoridades coptadas por los criminales del huachicol, autoridades que están en el corredor que va de Salamanca, Villagrán, Jurecuaro y los Apaseos”.

Comenta que en estos municipios hay actividad económica y oferta de empleo, por ejemplo, armadoras de autos, “lo que sucede es que esto es algo que viene de largo, de tiempo atrás, en la que el crimen organizado que se fue al huachicol y construyó su base social. Halcones jóvenes, financiados con 2 mil o 3 mil pesos para informar sobre actividades policiales y que se han ido infiltrando en la estructuras municipales, por los municipios que discurren por los ductos”.

Esta base social ha sido desatendida por municipios y gobierno del estado que deben contener el crecimiento de esta base social;… deben tener política de prevención y atención oportuna, señala.

Alcántara Soria termina haciendo hincapié en un tema del que es especialista, el combate al dinero de ilícitos.

“El gobierno de Guanajuato y todos en el país, suscribieron la estrategia para combatir el lavado de dinero, esto pasó en el 2010, pero pasó el tiempo y no se ha implementado. Ya como asesor externo de la fiscalía estatal, pude revisar esquemas normativos y plantilla laboral para echar a andar la unidad estatal antilavado, esto fue hace 4 años, y no fue hasta ahora que pude hablar con el gobernador Sinhue, que se platicó de recuperar esto, pues ya estaban las iniciativas de ley y los esquemas, que sólo requerían 12 plazas iniciales de trabajo”.

Nueve años después se ha comenzado a implementar una unidad policial que analiza bienes y recursos de los delitos, que son los incentivos del delincuente.