Es ya una tradición que los concursos para asignar los millonarios contratos de servicios tecnológicos que licita el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al menos cada dos años, generen controversias. El organismo a cargo de Aristóteles Núñez decidió que la empresa Hewlett-Packard (HP) operará un contrato por 1,300 millones de pesos para servicios tecnológicos. Se trata, por cierto, de la compañía estadunidense que fue investigada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) por supuestos actos de sobornos en contratos en varios países, entre ellos México y, en específico con Pemex. La empresa petrolera precisó, sin embargo, que su Contraloría Interna no encontró rastros de pagos inapropiados por parte de HP. Debemos consignarlo.
Ahora en el SAT, los competidores de HP observaron asombrados ( y hasta con envidia) que el contrato millonario se otorgó a la empresa que presentó el mayor monto en su cotización. El enojo de los competidores de HP ya tomó forma en la queja interpuesta ante la Contraloría Interna del SAT contra la licitación pública bajo el folio LA-006E00001-N17-2015, a proveedores de servicios de infraestructura, redes y electromecánicos a presentar ofertas técnicas y económicas.
El área del SAT que encabezó el concurso fue la Administración General de Recursos y Servicios que, en ese momento, estaba a cargo de María Antonieta Sánchez Vicencio. La propuesta más baja que recibió el SAT fue de 1,054 millones 748 mil pesos, menor en al menos 20 por ciento. Es cierto que las licitaciones pueden tener muchos componentes y que, tal vez, las áreas que se decidieron por los servicios de HP tomaron en cuenta factores únicos que sólo esa empresa y multinacional estadounidense podría otorgar. Existe esa posibilidad. Sin embargo, la queja ya llegó a la Secretaría de la Función Pública en donde una nueva paradoja envuelve el caso. Resulta que la misma María Antonieta Sánchez Vicencio (la funcionaria que participó en la licitación) ahora ocupa la Dirección General Adjunta de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. En otras palabras, esta funcionaria tendría que exculparse de decidir sobre este caso si no desea ser juez y parte. El quebranto patrimonial para el SAT que se consigna en la queja cuyo expediente pudimos conocer, se calcula entre 123 y 300 millones de pesos. La empresa quejosa es IGSA que, en su página de internet, presume ser especialista en segmentos de cogeneración, seguridad y telecomunicaciones. Otras empresas que participaron en la licitación son Sistemas Especializados Brainy Sixsigma Networks México. El Jefe del SAT lleva una buena trayectoria, buenos resultados en materia de recaudación, que no debería verse empañada por una licitaciónn.
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