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Resultaron insuficientes cinco años para que dos gestiones estatales y de los ayuntamientos 2012-2016 y 2016-2020 habilitaran un complejo de tratamiento de residuos sólidos que sustituyera al deficiente Relleno Sanitario Regional de Tula (RSR), operado por la empresa Arcángel.
Pese al “trabajo” conjunto de autoridades, fueron incapaces de resolver un conflicto económico, social, de salud y medioambiental que les explotó en la cara.
Apenas el pasado 12 de abril la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) clausuró en forma definitiva este tiradero a cielo abierto, lo que detonó una severa problemática para los cinco municipios que depositaban sus residuos en el sitio (Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende).
Las demarcaciones fueron impedidas, desde el viernes antepasado, de tirar desechos en el basural; de forma emergente las alcaldías debieron buscar una alternativa más para depositar las cerca de 250 toneladas de desperdicios generados diariamente.
Para el siguiente lunes los gobiernos municipales informaron que una empresa del vecino Estado de México (cuya razón social se desconoce, así como la manera en que contrataron sus servicios) aceptó la transferencia de residuos sólidos hacia rellenos sanitarios particulares, complejos que tentativamente están ubicados en el municipio de Tecámac.
La clausura del RSR fue notificada a los ayuntamientos desde el pasado 21 de febrero, momento en que, según personal de la Semarnath, hizo saber que el complejo incumplía con el numeral 7 de la norma 083 de la Semarnat federal.
Desde aquel momento autoridades locales de los municipios implicados poco o nada hicieron para evitar que la clausura ocurriera sin antes tener un nuevo lugar para disponer desechos urbanos; alcaldes y titulares de las diferentes direcciones de Protección Ambiental se limitaron a declarar que sostuvieron diversas mesas de trabajo con la Semarnath, tal y como han hecho desde que tomaron posesión, en septiembre de 2016.
Desde su inauguración, en 2011, el basurero regional dejó mucho que desear; de manera conjunta, autoridades estatales y municipales anunciaron que el complejo sería operado por la empresa Arcángel, que hasta ese entonces se dedicaba al negocio de papelería y que, por tanto no tenía la más mínima experiencia en maniobras propias de un basurero.
El relleno comenzó a funcionar mal y de malas. De 14 especificaciones técnicas que debían cumplir los confinamientos de tal naturaleza para considerarse sanitarios, el de Tula sólo cumplía uno y parcialmente otro.
Incluso, por múltiples violaciones ambientales por su funcionamiento y ante el desdén de autoridades civiles, en agosto de 2014 los propietarios del terreno del RSR iniciaron una queja ante Derechos Humanos, la cual concluyó que durante los años de operación del relleno se violaron derechos humanos a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la salud. Recomendaron, pues, la clausura inmediata.
A pesar de que a la recomendación de Derechos Humanos se sumaron diversas resoluciones legales que ordenaban el cierre del lugar y el remedio a la contaminación, tuvieron que pasar cinco años y ocho meses para que las leyes vigentes en México se hicieran cumplir.
Hace algunos días por fin Semarnath ordenó la clausura del inmueble, pero dejó en la incertidumbre a cinco municipios de la región suroccidente de Hidalgo, que aún esperan que la dependencia encabece un nuevo proyecto para el tratamiento y revalorización de los desechos sólidos.
Desde los cambios de gobierno, tanto estatales como municipales transcurrieron un par de años de tensa calma, donde se vivieron al menos cuatro bloqueos a las instalaciones del RSR por parte de los propietarios del terreno y de comuneros del ejido de Tula, quienes alegaron daños y perjuicios al núcleo derivados de la contaminación existente.
Acusaron alta polución en el suelo y los mantos acuíferos cercanos al relleno, además denunciaron estar parados sobre una bomba de gases tóxicos.
A finales del año pasado la Semarnath informó que se realizarían una serie de estudios para determinar la conveniencia del nuevo proyecto y que estos análisis costarían 10 millones de pesos, hasta ahora no se han dado a conocer los resultados.
La clausura del basurero regional deja más dudas que certezas, puesto que no se sabe hasta cuándo se optará por la transferencia de residuos hacia el Estado de México, cuánto y quién pague por dicha operación, así como quién fue el que decidió por esta alternativa y tampoco si fue la mejor opción.
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