A ocho meses de que entrara en vigor la Constitución de la Ciudad de México, el 17 de septiembre del 2018, el texto original, aún con los candados que se establecieron para proteger su calidad garantista en favor de los ciudadanos, ya ha sufrido varios cambios en perjuicio.

Si bien la Constitución capitalina contempla en su Título Octavo (de la Estabilidad Constitucional) y concretamente plasmado en el Artículo 69 la posibilidad de reformarse, también incluye una serie de requisitos que pueden hacer posible algunos cambios al texto, siempre y cuando éstos estén apegados a las necesidades sociales.

Entre los requisitos para reformar nuestra Constitución se contempla un referéndum, mismo que será vinculante cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Y como vemos, hasta el momento ninguna reforma hecha a la Constitución ha cumplido con este requisito democrático, lo que deja ver que el Congreso capitalino no tiene ni el más mínimo interés en la participación ciudadana ni, mucho menos, en otorgar certeza jurídica a las garantías individuales consagradas, por el contrario, se han empeñado en hacer cambios al máximo texto con el fin de que no pueda regir la vida de los capitalinos al cien por ciento.

Lamentablemente, estos cambios que hasta la fecha se han realizado, no han sido necesidades sociales o exigencias ciudadanas, toda vez que dichas reformas han buscado el único objetivo de ganar tiempo para evitar, a toda costa, la entrada de leyes que facultan la integración de los órganos de control del poder que establece la propia Constitución.

Por ejemplo, durante los trabajos de la Asamblea Constituyente acordamos dejar plasmado en el máximo texto que, Ya más tardar el 31 de diciembre del 2018, la Primera Legislatura del primer Congreso de la Ciudad de México debería formular la convocatoria para integrar el Consejo Judicial Ciudadanoa.

Posterior a ello, el Congreso tuvo que haber nombrado una comisión técnica.a más tardar el 31 de diciembre del año pasado, misma que debería encargarse de planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia, órgano encargado, entre otras cosas, de proteger a la población mediante la coordinación de investigaciones y persecución de los delitos del fuero común cometidos dentro del perímetro de la Ciudad de México.

Además, dicha Fiscalía debería ejercitar la acción penal en los casos que proceda para cumplir con la legislación vigente en la materia e intervenir en los procesos penales de acuerdo al ámbito de su competencia que, entre otras cosas, y dicho por la propia Procuraduría General de Justicia capitalina, los delitos van en aumento, por lo que esta materia sí es una exigencia y petición urgente de la ciudadanía.

Por si fuera poco, ni desde este órgano de procuración de justicia o del Congreso de la Ciudad de México, se ha hecho algo al respecto y todo parece indicar que no tendremos la Fiscalía que mandata nuestra Constitución, pues la misma debería comenzar operaciones a más tardar el 31 de mayo del presente año

y se contemplaba su operación de forma gradual, por lo que no hubo pretextos para no cumplir con ello, y con todo respeto, quienes argumentaban que desde la Asamblea Constituyente habíamos dado poco tiempo para ello, ignoraban que todo este proceso de transición sería de manera progresiva tomando en cuenta la histórica transformación en la procuración de justicia en la capital.

Con ello, la Constitución, que algún día fue reconocida como una de las más garantistas del mundo, está pasando a ser un texto que, para fines prácticos, se convierte en un itacate de pendientes legislativos que postergan la armonía, seguridad y derechos humanos en la ciudad más poblada de México.

Twitter: @julioc_moreno