Las protestas contra la política económica y social del Gobierno colombiano recibieron este viernes en Bogotá el apoyo de un grupo de indígenas que clamaron por el cese de la violencia en la novena jornada de manifestaciones, la más pacífica y menos concurrida.

Más de un centenar de indígenas recorrieron la ciudad en una chiva, autobús típico de las zonas rurales de Colombia, en el que incluso se subieron al techo y alzaron la bandera roja y verde del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la organización con mayor representación en la jornada.

En medio de la algarabía, el grupo llegó a la Universidad Nacional donde fue recibido con aplausos por los estudiantes que resistieron el torrencial aguacero y con quienes caminaron con sus bastones de mando hasta el lugar donde fue herido el sábado pasado por la Policía el joven Dilan Cruz, que dos días después se convirtió en la primera víctima mortal de la violencia policial.

NO MÁS ASESINATOS. La consejera de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aida Quilcué, aseguró que se suman a las protestas porque persisten las violaciones a los derechos humanos y la violencia contra los pueblos aborígenes, especialmente en el convulso departamento del Cauca.

"La minga indígena siempre ha estado en asamblea permanente, en movilizaciones permanentes a raíz de la sistemática violación de derechos humanos que se está viviendo en el Cauca y en las distintas regiones del país", explicó Quilcué.

Ese departamento está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley como disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos del narcotráfico.

Por ello es que la vocera indígena aseguró que los representantes de las comunidades participarán de las actividades que programen los promotores de las protestas, especialmente lo que tenga que ver con los estudiantes de las universidades públicas.

Según Quilcué, los indígenas no están de acuerdo con los sectores que plantean la salida del presidente Duque, aunque instó al Gobierno a cumplir los acuerdos firmados con distintos sectores e implementar el acuerdo de paz con las FARC firmado hace tres años.

LLAMADO A NEGOCIAR CON EL ELN. El Comité Nacional del Paro, promotor de las protestas, se manifiesta contra lo que llama un "paquetazo" de medidas económicas del Gobierno, por lo cual hace trece demandas de cambios en temas como pensiones, políticas sociales, educación, y medio ambiente y también acabar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la Policía.

A ellas decidió sumar una petición para que el Gobierno explore la posibilidad de retomar los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), suspendidos desde el año pasado.

Esa guerrilla inició en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, pero al asumir el cargo el 7 de agosto del año pasado, Duque condicionó su continuidad a que ese grupo cese toda actividad criminal y libere a las personas que tiene secuestradas.

Tras el ataque terrorista del pasado 17 de enero contra la Escuela de Policía Francisco de Paula Santander, de Bogotá, en el que murieron 22 cadetes, los diálogos quedaron en punto muerto y Duque pidió a Cuba que entregue a los delegados del ELN que están en La Habana para los diálogos, petición que no ha sido atendida por el Gobierno isleño.

DETENCIÓN DE PERIODISTAS. En Barranquilla, los manifestantes bloquearon la Avenida Circunvalar y el Esmad llegó hasta allí para dispersar la protesta, por lo que los uniformados detuvieron a algunas personas entre las que había tres periodistas, dos del periódico colombiano El Heraldo y un fotógrafo independiente.

Los comunicadores que estuvieron detenidos por la Policía por cerca de dos horas fueron Cheyenne Luján y Mery Granados, que trabajan en el rotativo, y Carlos Cordero, fotorreportero independiente.

"Estaban registrando los hechos y a Carlos Cordero lo tiraron al suelo y le quitaron la cámara. Mery siguió tomando fotografías y luego a ellas las subieron también al camión del Esmad, aunque a Mery no le quitaron la cámara fotográfica", dijo a Efe Viany Pérez Vargas, editora de El Heraldo.

El comandante de la Policía de Barranquilla, general Ricardo Alarcón, señaló que los periodistas no estaban "plenamente identificados, no llevaban el chaleco que usualmente se utiliza en estos eventos para que sean reconocidos y no portaban el carné de manera visible".

"Una vez me comunico con el director de El Heraldo (Marco Schwartz), que me manifiesta que hay dos periodistas allí y ordeno que los identifiquen. Cuando son identificados se procede a dejarlos salir", explicó a la prensa el general Alarcón quien añadió que a Cordero le devolvieron la cámara fotográfica.

Ante esta situación, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo un llamado a la Policía para "que investigue el actuar de los agentes involucrados en estos hechos".

"La fundación le hace un llamado a @PoliciaColombia y @PoliciaBquilla para que cumpla con su deber de garantizar el ejercicio periodístico", apostilló la FLIP en Twitter.

havh