Tras la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno de la Ciudad de México sobre apoyo que autoridades locales brindarán en materia de logística y seguridad para garantizar el desarrollo de la consulta popular del próximo 1 de agosto, Donaciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo de la junta local del órgano electoral, llamó a los habitantes de la capital del país a ejercer su derecho a la participación ciudadana, con la confianza, dijo, de que habrá seguridad para realizar este ejercicio.
En el Museo de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la administración de Claudia Sheinbaum, firmó este Convenio Marco de Coordinación para la Realización de Acciones con el vocal local del INE, y en el que destacó que se trata de la primera consulta nacional convocada por órganos del Estado a la ciudadanía.
"Ha habido otras consultas en nuestro país, pero han sido consultas organizadas por la sociedad civil, y ésta será la primera consulta propuesta por el poder Ejecutivo, aprobada por el Poder Legislativo y avalada constitucionalmente por el Poder Judicial", refirió el funcionario capitalino.
Explicó que esté convenio se firma a solicitud del Instituto Nacional Electoral para cuadrar en diversas actividades, como ayudar con la concesión, para el uso temporal y gratuito y espacios para colocar y distribuir carteles, trípticos y volantes, entre otros alusivos a la consulta popular. También participará el gobierno capitalino para organizar el desarrollo en las instalaciones de las juntas ejecutivas a nivel local y para prevenir riesgos durante el resguardo de la documentación de la consulta popular, explicó Batres Guadarrama.
En tanto, Donaciano Muñoz secundó los temas del convenio, por lo que llamó a los más de siete millones de capitalinos a acudir a las mesas receptoras para emitir su opinión con respecto a la pregunta: "¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal parar emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"
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