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En nuestro país persisten enormes desafíos en materia educativa, tanto en la cobertura como en la permanencia escolares, y el nivel de logro de los estudiantes, prueba de ello es que a nivel nacional existen alrededor de 4.8 millones de niños, niñas y adolescentes de los tres a los 17 años que no asisten a la escuela correspondiente a su edad: preescolar, primaria, secundaria y media superior, resaltó la consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho.
En conferencia de prensa, y al presentar los resultados del informe La Educación Obligatoria en México 2019, —mismos que ya entregó a la Cámara de Diputados—, admitió que ya casi se alcanza la cobertura universal en educación primaria y secundaria, mientras el nivel preescolar, sigue creciendo, ya que la cobertura aún no es total, el principal reto es reducir el abandono escolar.
Al respecto, puntualizó que en el ciclo escolar 2016-2017, se detectó que alrededor de 152 mil estudiantes de nivel primaria abandonaron sus estudios; 355 mil, de nivel secundaria, y la cifra se elevó a 780 mil en educación media superior, siendo la principal causa de abandono, el trabajo infantil, señaló la consejera de la junta de gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes.
Ello, aunado al hecho de que 33% de las escuelas de formación básica “presentan daño estructural y 33% funciona con una estructura atípica, mientras que 55% tiene carencia de accesibilidad y el 63% no cuenta con servicios de Internet”.
Precisó que si bien es cierto que se alcanzó una cobertura prácticamente universal en educación primaria para los niños de seis a 11 años, la inasistencia es “mucho mayor para quienes tienen alguna discapacidad”, en tanto que a partir de los 12 años la tasa de asistencia a las aulas disminuye con la edad, sobre todo en la población vulnerable.
En cuanto a la distribución de las nuevas plazas para maestros, Bernardo Naranjo Piñera, consejero de la Junta de Gobierno del INEE, recordó que hasta antes del 2013, la forma de distribución, variaba de un estado a otro. “En algunas entidades había líderes sindicales, funcionarios responsables que ponían en común las plazas disponibles y las sometían a concurso, en muchos otros no ocurría eso, y seguía la práctica de asignación directa con criterios propios”.
El cambio vino con la reforma Constitucional que estableció la obligación de asignar las plazas por concurso, y sólo quedan algunos estados donde prevalece la asignación no por concurso, “pero son la excepción, y hay que trabajar para que eso se elimine”.
Asimismo, advirtió que el riesgo es que si se vuelve al régimen anterior “ésta va a ser la regla en muchos estados y tristemente puede ser en los estados que tienen mayores retos académicos, y nuestro trabajo es garantizar que las plazas se asignen bajo criterios académicos, de lo contrario vamos a hacer que lo que hoy es excepción vuelva a ser la regla.
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