Juarista hasta la médula, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplica alegre, cotidianamente, la máxima del prócer oaxaqueño que recomienda “para los amigos, la ley y sus beneficios; para los enemigos, la ley".En la concreción de tal sentencia el mandatario emplea, sin recato y de manera convenenciera, una interpretación casuística del bíblico perdón, mismo concepto que invocó en su misiva al rey Felipe VI y al Papa Francisco, en demanda de disculpas por la Conquista.

A estas alturas del gobierno, sin embargo, ya hay señales de que para beneficiar a los amigos el Jefe del Estado no ha tenido empacho de llegar al extremo de desafiar la ley e incurrir en prevaricación, antes que quebrantar su oferta de amnistía, perdón, impunidad, a “la mafia del poder”.

Y de que para castigar a los enemigos, monta ordalías mañaneras en las cuales hace trizas el Artículo 22 de la Carta Magna: aplica de modo sumarísimo penas infamantes, exhibiendo como corruptos a personajes con respecto a cuya probidad la justicia no se ha pronunciado.

Todo ello mientras en copiosos discursos proclama que, ahora sí, reina el Estado de derecho y la justicia refulge.

De ser realidad este maravilloso escenario nacional, resultaría caduca la añeja justificación del balconeo como mínima, merecida sanción social, vigente en el pasado, cuando los poderosos y ­corruptos eran inalcanzables para el brazo de la ley.

La verdad es otra. Hasta el tinterillo menos avezado ha podido percatarse de que, con su determinación de perdonar la corrupción del pasado el político de Macuspana incurre en graves delitos contra la administración de la justicia.

El Presidente fue electo para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes —lo cual él juró cumplir—, no para repartir indulgencias. Y ya ha dicho, de manera expresa, que su intención es hacer borrón y cuenta nueva.

Que tiene la voluntad de mirar no hacia atrás, sino adelante, y que por lo mismo no tomará la iniciativa para perseguir la corrupción. Prevaricato por donde se mire.

Porque, teniendo la obligación de aplicar la legislación nacional, sobre todo en casos de deshonestidad que él y sus colaboradores han bosquejado como monumentales, renuncia a su responsabilidad y garantiza impunidad, perdón y olvido.

Han transcurrido 120 días del gobierno —lapso suficiente como periodo de gracia y aprendizaje— y los mexicanos no hemos visto ningún pez con escamas de oro tras las rejas.

Hemos escuchado, eso sí, relatos cotidianos de pillerías inimaginables en todos los ámbitos.

Y afirmaciones como que el régimen imperante los últimos 36 años estaba diseñado no para gobernar, sino para para robar desde el poder público.

Al paso que vamos, dentro de poco será menester exigirle al Primer Mandatario que le pida perdón a los mexicanos por haber abdicado de su obligación de hacer cumplir la ley y sancionar la deshonestidad, promesa ésta que fue la principal de su campaña.

Si para los amigos ha regido el perdón, para los enemigos el juarismo presidencial se ha exacerbado.

El Artículo 22 constitucional establece que en nuestro país quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia; la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, y además la multa excesiva, la confiscación de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentes.

A la luz de los hechos, para el Presidente de la República este artículo constitucional es letra muerta.

A menos que, honradamente, el Mandatario no considere infamante poner en la picota a funcionarios y exfuncionarios, acusándolos de graves delitos y forjándoles fama de ladrones, aun cuando el caso correspondiente —como ha ocurrido— ni siquiera haya sido puesto en manos de un fiscal y menos aún, consignado ante un juez.

Es importante pasar por el colador de la valoración periodística, la rutinaria demostración de “muchas palabras y poca acción", como —parafraseando a Donald Trump— podría decirse que ocurre en pleno gobierno de la 4T, en materia de castigo a la corrupción.Vale, en especial, ahora que Alfonso Romo ya adelantó una nueva tanda de recortes al gasto público. Y, en particular, al gasto corriente, según explicó el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Anuncio éste que ha empavorecido a trabajadores del Estado, quienes atisban riesgo de despidos masivos.

En modo alguno es infundado el temor en la burocracia. Decenas de millares de despidos ya han sido concretados, con base también en el más acendrado juarismo.

Si en el ideario del hombre de Guelatao latía la convicción de que todos los mexicanos somos iguales ante la ley, el tabasqueño aplica este principio con criterio draconiano.

Todo hace suponer que para él son iguales, en la cruda realidad, el más poderoso empresario y hasta el hombre más rico del mundo y el indígena, el campesino o el trabajador de salario mínimo. Porque aplica sus políticas a rajatabla, aun en perjuicio de los más desamparados.

Y porque, mientras perdona las trapacerías de la mafia del poder, deja sin trabajo incluso a modestos empleados públicos, con larga permanencia en el servicio público, así se trate de miembros del servicio civil de carrera.

Desempleo que ha resultado daño colateral de la política de austeridad o de la sola sospecha de corrupción al haber servido esos empleados al régimen neoliberal.

La austeridad gubernamental, ya está claro, es producto de la insuficiencia presupuestaria; pero, también, de la retención del gasto en previsión de que se lo roben.

O sea que, en lugar de sancionar la inmoralidad se retiene el gasto, así entrañe el riesgo de paralizar el gobierno. Como si a quien tiene jaqueca se le recomendase cortarse la cabeza.

Cualquiera que sea la razón de los recortes que repercuten en despidos, ya es patente que para nuestro Presidente todos somos iguales —como preconizaba Juárez—, pero “hay unos más iguales”.

Es cierto. Ni el más obcecado contradictor del Jefe del Estado podría negar que los gobiernos pasados, irresponsables y manirrotos, destilaban corrupción. Por lo mismo, merece respaldo la cruzada emprendida por el presente gobierno en este campo.

La ciudadanía, en términos generales, ha sabido justipreciar la mayoría de las acciones gubernamentales, las cuales apoya sin regateos, como debe ser.

Tan grande respaldo no puede ser defraudado con palabrería sin respaldo en los hechos.

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