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Inhabilitan 10 años a ex delegado de Sedesol-Guerrero

David Vargas cometió irregularidades durante la reconstrucción y reparación de viviendas afectadas por los sismos del 20 y 26 de marzo de 2012. La SFP le impone multa por 59.4 mdp

Daños en una casa tras un terremoto
Daños en una casa tras un terremoto Daños en una casa tras un terremoto (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por diez años e impuso una multa por 59 millones 489 mil pesos al ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el estado de Guerrero, David Vargas Santos, quien cometió diversas irregularidades durante las obras de reconstrucción y reparación de viviendas dañadas por los sismos del 20 y 26 de marzo de 2012, que afectaron a 38 municipios en esa entidad.

La dependencia identificó que durante la pasada administración, el sujeto realizó el pago de trabajos sin que éstos se hubieran ejecutado totalmente, y firmó convenios de modificación a diversos contratos de obra pública que carecían de los dictámenes técnicos respectivos, a fin de sustentar la necesidad de su celebración, lo cual provocó un daño patrimonial calculado en 29 millones 744 mil 736.26 pesos.

De esta forma, en el procedimiento administrativo instruido a partir de la investigación de dichas irregularidades, se determinó imponerle al servidor público responsable una inhabilitación por un periodo de diez años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como una sanción económica por la cantidad de 59 millones 489 mil 472.52 pesos.

El inculpado, quien se encuentra bajo proceso penal, no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante diez años, especificó la dependencia.

Cabe señalar que la firmeza de la resolución está supeditada al resultado de los medios de impugnación que tiene a su alcance el servidor público involucrado.

Vargas Santos, junto con 27 empresas, simuló la construcción y mejora de viviendas destruidas por los sismos que jamás realizó, lo que ocasionó un daño patrimonial por más de 50 millones de pesos.

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