Una de las percepciones más arraigadas en la ciudadanía sobre la actuación del gobierno se refiere a la ineficacia en la definición de las políticas públicas, así como a su opacidad, discrecionalidad y falta de vigilancia. En ese sentido, durante la pasada sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa cuyo objetivo es dotar a las próximas admnistraciones, de un instrumento de carácter técnico, científico y objetivo, que permita al Presidente de la República, distinguir entre las políticas públicas que prueban su eficacia, que prueban su beneficio social, de las que no, para que con base en criterios objetivos tome las mejores decisiones de gobierno.

En Acción Nacional, consideramos que la Administración Pública requiere de un control del gasto público eficiente, basado en metas y resultados; para cumplir este objetivo, es necesario un marco legal que establezca los mecanismos de control interno y externo suficientes para vigilar el cumplimiento de  los programas y políticas públicas que implemente el gobierno federal.

Esta iniciativa propone en primer término, la evaluación de programas, en lo general; en segundo lugar, propone centralizar en un organismo la homologación de una sola metodología, unificando todas las facultades que ya se encuentran dispersas en diferentes ordenamientos, para tener un solo criterio de evaluación de todas las políticas públicas, con indicadores globales en materia de desarrollo social, de desarrollo económico, sustentable y por supuesto, en materia de seguridad pública, a fin de  alcanzar la tan anhelada pacificación del país. Y, en tercer lugar, erigirse como una ­herramienta que permita también a la oposición en el congreso,  que objetivamente reconozca lo que sí se esté haciendo bien en el próximo gobierno.

Lo que está iniciativa propone es integrar en un solo organismo las facultades y acciones que en la materia actualmente se encuentran en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Se trataría de un organismo constitucional autónomo, integrado por mujeres y hombres ciudadanos de absoluta capacidad técnica, que no tuvieran identificación partidista, dotados de una metodología para evaluar todas las políticas públicas, desde su diseño, su implementación y por supuesto su impacto presupuestal.

La iniciativa pretende reformar los artículos 3º y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Instituto Nacional para la Vigilancia y Evaluación de los Programas, Acciones y Políticas Públicas. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar que el Instituto será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; 2) señalar que el Instituto: i) evaluará y vigilará el cumplimiento de los objetivos de los programas, acciones y políticas públicas que se desprendan del Plan Nacional de Desarrollo; y, ii) coordinará el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que evaluará la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional (preescolar, primaria, secundaria y media superior); y, 3) detallar la integración y atribuciones que tendrá el Consejo General del Instituto, así como los requisitos para ser designado consejero.

Ya existen muchos países que tiene un sistema de evaluación parecido y en todos ellos ha demostrado ser una herramienta útil para los gobiernos.

Ojalá que la actual conformación hegémonica del Congreso de la Unión considere esta iniciativa de Acción Nacional, simple y sencillamente como lo que es: una propuesta de carácter técnico, sin mínimo matiz político, que lo que pretende es coadyuvar a que haya un buen gobierno en este país. Por que en Acción sabemos que si le va bien al Presidente, le va bien a México, y por ende a las más de 100 millones de personas que habitamos este gran país.

Vicecoordinador de la Cámara de Diputados/@JorgeRoHe.