Una de las primeras disrupciones económicas que tuvo la pandemia en el mundo, fue que prácticamente todas las aerolíneas tuvieron que suspender vuelos para los que mucha gente ya había comprado boletos.

En el caso de Interjet, en lugar de ofrecer un reembolso económico a los pasajeros afectados por las cancelaciones, implementó un sistema de “vouchers” o “vales” electrónicos con vigencia de un año que, supuestamente, son canjeables por vuelos y que al ser la única opción, los viajeros se ven obligados a aceptar.

El problema con este mecanismo, tal como al día de hoy lo han denunciado miles de usuarios, es que la empresa sigue cancelando un gran número de vuelos por lo cual no es posible hacer uso de los vales. Así mismo, hay rutas que la aerolínea ya no brinda, por lo que los vouchers quedan inutilizables.

Durante meses, las personas que enfrentan esta situación se han quejado públicamente de la falta de acompañamiento por parte de las autoridades, como si fuera un asunto que correspondiera únicamente a la aerolínea y los pasajeros.

El 3 de noviembre, el tema llegó a la conferencia matutina del presidente. Ahí, Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, anunció que ese mismo día se emitiría una alerta para que los consumidores supieran del riesgo de establecer relaciones comerciales con Interjet.

¿Nada más van a emitir una alerta?, ¿por qué la acción tibia y tardía?

El Gobierno de México parece haber olvidado que Interjet no es cualquier empresa: es una concesionaria del gobierno y, como tal, la propia autoridad es corresponsable de los daños y perjuicios que se ocasione a los usuarios.

Una “concesión” es un servicio público que el Estado brinda a través de un particular, pero esto no significa la renuncia o abandono por parte de la autoridad a las tareas concesionadas.

Al contrario: la concesión de un servicio público implica la subordinación del concesionario al control, la vigilancia y rendición de cuentas de la administración pública.

El Estado debe garantizar que una concesión se preste de manera adecuada, debe asegurarse que el servicio sea económico, continuo, eficiente y eficaz. Si esto no ocurre, puede retirar la concesión.

Ahora sabemos que, incluso, hay un problema laboral, trabajadores que reclaman hasta dos meses de sueldo. Mientras tanto, la aerolínea sigue vendiendo boletos y la gente afectada sigue esperando que les devuelvan su dinero.

¿Cuándo intervendrán con mayor determinación las autoridades?, ¿intervendrán o, como Pilato, estarán esperando el momento adecuado para lavarse las manos?

*Vicecoordinador del

Grupo Parlamentario del PRD

@jorgegavino