El grupo de invasores que fueron desalojado del predio de Roma y Milán, y que instaló un campamento en plena vía pública, lleva casi un año afectando comercios y viviendas de la zona, mientras que la opacidad e ineficacia por parte de las autoridades se hace cada vez más visible.

Los vecinos han acudido a audiencias públicas con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, intentado buscar un diálogo con el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez; han recurrido a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX e incluso en días pasados, por medio de la concejal de Cuauhtémoc Ana Villagrán y representados  por los diputados panistas Pablo Montes de Oca y Jorge Triana, han propuesto un punto de acuerdo en el Congreso capitalino; sin embargo, la respuesta que han recibido siempre es la misma: “Éste es un problema heredado de la pasada administración y no nos toca a nosotros”.

Las versiones en torno al campamento levantado sobre la vía pública dicen que son familias que pertenecen a la comunidad otomí y que desde hace 20 años habitaban el predio dañado y otras tantas que este predio fue invadido por diferentes grupos, entre ellos la comunidad otomí y miembros del Frente Francisco Villa, no obstante, sea cual sea la verdad, la realidad es que tanto vecinos como campistas viven una pesadilla.

Vecinos del lugar manifestaron a Crónica su inconformidad ante la inacción de cualquier autoridad, ya sea del Gobierno local como de la propia alcaldía, denunciando agresiones por parte de las personas que viven sobre la vía pública, perdidas en sus negocios de hasta el 40 por ciento de sus ganancias debido a que las personas que frecuentaban los comercios no quieren pasar por ahí por miedo a que sean agredidos, inclusive comentaron que es habitual ver a los campistas portando armas de fuego y a algunos consumiendo drogas, celebrando fiestas hasta altas horas de la madrugada e inclusive en ocasiones se les ha llegado a cobrar derecho de paso para cruzar por la calle.

“Nosotros como ciudadanos también tenemos derechos humanos, como comerciantes, como vecinos. Nosotros pagamos nuestros servicios y nos cuesta mucho trabajo tener un negocio o nuestra casa, entonces en ¿dónde están nuestros derechos? La verdad estamos desesperados  y ya no sabemos a quién recurrir, ninguna autoridad toma cartas en el asunto, todos se pasan la bolita y nadie nos da una respuesta” comentó una de las vecina afectadas.

Del otro lado de la moneda. En contraparte se encuentran aproximadamente ochenta familias que fueron desalojadas del predio que resultó dañado en el sismo del 2017, el cual se encontraba catalogado como patrimonio cultural  por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) ya que anteriormente albergaba la Embajada de España en nuestro país.

Estas familias reclaman que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) les facilite su reubicación en otro predio, o bien, que se llegue a un acuerdo con los dueños del inmueble dañado en el sismo para expropiar el sitio.

Los habitantes del plantón tienen que soportar las inclemencias del clima, no cuentan con baños por lo que han instalado sanitarios improvisados en la calle, para abastecerse de agua colocaron tinacos donde acarrean agua y a lo largo de todo el paso han puesto tendederos donde poner a secar su ropa después de lavarla.

En el sitio además existen varios niños los cuales están expuestos a situaciones insalubres e inseguras y por el hecho de dormir en la calle se exponen a innumerables violaciones de sus derechos sin que a ninguna autoridad le importe.

Pese a que el 30 de mayo 120 elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana  realizaron el desalojo de la calle de Londres, pero el problema continua en las calles Roma y Milán, donde lo único en lo que coinciden tanto vecinos como campistas es en que las autoridades prefieren voltear hacia otro lado y eludir el tema antes que ayudarlos.