La Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, señaló que alrededor de 3 mil carpetas de investigación son sobre el delito de despojo con violencia en la que detectaron la participación de La Unión de Tepito. La mayoría de estos casos se dieron en las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito Juárez. La abogada de la Ciudad explicó que en gran parte llegan a desalojar a las familias con armas de fuego.

Dijo que las carpetas de investigación son revisadas para determinar los supuestos en que se dieron los casos de despojo, investigarlos y reponer la propiedad a sus dueños.

“Sabemos de agentes del Ministerio Público de Cuauhtémoc, quienes supuestamente les exigen dinero para liberarlas (propiedades); no vamos a permitir este tipo de irregularidades”, comentó Godoy Ramos.

Explicó que sólo se ha entregado un inmueble, pero que con las investigaciones que se están llevando a cabo actuarán para aplicar la ley.

“Hasta el momento, se ha entregado un inmueble, pero estamos trabajando en esta política especial, reuniendo la información, para actuar”, comentó la procuradora.

Puso como ejemplo un caso de tres mujeres que denunciaron la invasión y despojo de un inmueble en la calle de Regina, en el Centro Histórico, y que posteriormente fueron acusadas; su caso forma parte de estas carpetas de investigación.

De la misma manera, la abogada de la ciudad informó que se envió a reserva la carpeta de investigación del desarrollo inmobiliario de la calle Laureles número 278, pero si hay una petición de los vecinos de nuevas diligencias, se desahogarán, pues los constructores sólo tienen permitido realizar obras de mitigación.

“Personal de la Secretaría de Obras y Servicios fue enviado ayer a revisar esas obras de mitigación, que un juez, de manera extraña, las señaló de manera muy puntual y significó hacer todo el cimiento, por lo cual los vecinos dicen que la empresa continúa construyendo”, señaló Godoy.

Esta obra es uno de los polígonos que analiza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda junto al Gobierno de la Ciudad de México, en la que fueron suspendidas 48 obras cuyos permisos fueron entregados de manera indebida; “en algunos casos se llevarán a cabo juicios de lesividad y en otros a la revocación”, precisó.

“La dependencia intervino en contra de la inmobiliaria por el uso de suelo y se logró una suspensión de la obra, pero los desarrolladores se ampararon para realizar los trabajos de mitigación, con el argumento de evitar mayores daños a las construcciones aledañas, y el juez aceptó”, precisó la procuradora local.

Un perito fue enviado para verificar que únicamente se realizaran esas obras, pero el juez ordenó muchas más, lo cual molestó a los vecinos, quienes promueven un peritaje especializado para verificar el número oficial de la obra, y si corresponde a los niveles a construir.

“La inmobiliaria, sin embargo, se amparó y dijo que la procuraduría es omisa y tarda en resolver, por lo que un juez obligó a resolver y enviar la carpeta a reserva”, apuntó.

Por último Ernestina Godoy dio a conocer que la administración pasada incurrió en un subregistro del 49 por ciento en delitos clasificados como violación, que equivale a 667 casos, que no fueron atendidos.