El combate a la corrupción, que ya ha logrado reconocimiento ciudadano y de voces especialistas, se verá cada vez más acompañado de sanciones que eviten la sensación de impunidad, sostiene Irma Eréndira Sandoval en entrevista con Crónica. La secretaría de la Función Pública señala dos vertientes en las que podrá constatarse la voluntad de castigar a quien se aleje de la norma desde un cargo público o bien, desde la esfera privada, a través de un contrato:

“Por un lado, se presentará próximamente una cadena de inhabilitaciones a empresas que cometieron abusos como proveedores del sector salud. Se trata de una acción de amplitud y profundidad relevante que se conocerá en su momento. Por otro, se aceleraron las revisiones, y habrá castigos, sobre actos indebidos de los seis peñistas y el último calderonista. Esto último es posible porque el pasado 8 de julio, la Suprema Corte devolvió a la Función Pública su atribución de sancionar faltas graves cometidas durante la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Asimismo, señaló que: “Los indicadores están a la vista de todos y los presumí: el año pasado, organizaciones del tamaño y de la posición política de Transparencia Internacional reconocieron el salto gigantesco de nuestro país en materia de combate a la corrupción. Este año la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI refleja que se duplicó la confianza de la población en el gobierno. Lo que quiero señalar es que ya estaba claro que el combate a la corrupción estaba dando resultados evidentes. Lo que nos tenía limitados era el combate a la impunidad, nuestros expedientes fiscalizadores estaban atorados porque no había posibilidad de sanción rápida”.

—¿A qué se debía esta imposibilidad?

—Lo primero es el impasse en el que nos colocó la transición de una Ley Federal de Responsabilidades a una Ley General y la consecuente imposibilidad de que nosotros castigáramos directamente. Pero en fecha reciente, el 8 de julio, la Suprema Corte emitió una tesis importantísima, que me tiene muy emocionada y que estoy utilizando con todo énfasis. La Corte devolvió a Función Pública la competencia para sancionar faltas graves cometidas durante la prevalencia de la Ley Federal de Responsabilidades. Abarca el sexenio de Peña Nieto y un poco del de Calderón.

Ahora que ya tenemos esta herramienta para sancionar, empieza la posibilidad de llevar ante la justicia administrativa, que es lo nuestro, a una gran cantidad de funcionarios involucrados en esquemas de defraudación y corrupción de Lozoya, de García Luna, de César Duarte, de los grandes capos.

La tesis deja muy claro que tenemos que utilizar la Ley General y eso implica que los tiempos de prescripción se amplían a esos 7 años. Podemos entrarle duro a la lucha contra la impunidad.

—Puedes revisar el pasado, aunque hubo quien sostuvo que era mejor no hacerlo para poder gobernar en paz…

—Eso lo dijo ni más ni menos que el Presidente de la República, pero lo dijo en la lógica de no estar con cacería de brujas o abriendo expedientes por abrir, porque se necesitarían miles de cárceles debido al problema de corrupción estructural que nos agobia. Fue lo que dijo, pero con Lozoya aquí o con el procesamiento de García Luna, con Duarte, está clarísimo cuál es la directriz que dio a tu servidora y el respaldo, que también está clarísimo, a nuestras actuaciones; nunca dijo que se dieran carpetazos o se cerraran expedientes por cerrar. Los elefantes blancos que están en medio de la habitación, se tienen que atender, porque si no sería contradictorio, contraproducente e ilegal.

En realidad, lo que teníamos era el impasse del que te hablo, llegábamos a buen puerto con la auditoría, con el hallazgo de la investigación y después no podíamos asignar las responsabilidades.

—¿Hasta dónde las sanciones podrán reflejar ese problema de corrupción estructural del que se habla?

—Vamos a llegar muy lejos. Hay un punto de partida por el que estoy contenta, lo hemos demostrado, empezamos inhabilitando al subsecretario de Pemex, que es un nivel alto, y estaba vinculadísimo a la Estafa Maestra y fue puesto por esta nueva administración (en el cargo), es una muestra de que no nos tiembla la mano y de que se actúa con toda la firmeza contra funcionarios de este gobierno o del anterior.

No se ha dado la justa dimensión de que fue la Función Pública la que desató un procedimiento contra Lozoya, a quien teníamos muy ubicado y de quien teníamos muy claro que debía hacerse justicia administrativa.

Se nos criticó mucho cuando lo inhabilitamos, se decía que a él no le importaba y que era perder el tiempo. Demostramos que no era así porque esto detonó un proceso mucho más complejo que también teníamos claro. Nos coordinamos con las fiscalías anticorrupción y otras instancias. Sí, creo que el rol de la Función Pública es importantísimo para detonar estos esfuerzos de generar una justicia más compleja.

—¿Habrá más casos emblemáticos para que se sepa que si antes se podían cometer actos indebidos, desde ahora no será igual?

—Si, hemos sancionado a unos 2 mil 200 servidores públicos y además con recuperaciones económicas. El más polémico es el caso IMSS Hidalgo. Hay que destacar que impedimos un daño patrimonial y, aun así, se castigó con multa millonaria y con inhabilitación a la empresa.

—A la empresa del hijo de Manuel Bartlett…

—No nos pesó esa situación. Tampoco lo promovimos mediáticamente esto, no se trata de esto, sino de dejar claro que ya no es como antes. Este caso en Hidalgo era de completa inmoralidad, eran ventiladores viejos, que no servían, algunos de ellos con miles de horas de uso.

Sí hacemos énfasis en servidores públicos, pero sin cesar estamos sancionando a empresas. Llevamos a cientos de licitantes y contratistas multados e inhabilitados. En el contexto de la emergencia sanitaria esto es relevante.

Hemos frenado el abuso de farmacéuticas. Habrá también noticias sobre esto. Por lo pronto se inhabilitó a quienes tenían el monopolio de los insumos médicos o de laboratorio, de camas hospitalarias. Grupos que habían abusado en el tema de salud están sancionados, porque ahora hay una visión diferente de fiscalización.

El tema de salud, precisamente porque en el periodo neoliberal no se veía como un derecho humano, sino como un negocio, se cometieron muchos abusos por parte de los privados y, evidentemente, de los servidores públicos coludidos. El reto era romper esa alianza.

—¿Ha tratado estos temas con los responsables del sector salud para lograr buenas compras sin atrasos que afecten la salud pública?

—En el Seguro Social, en el ISSSTE, en el Insabi, hemos revisado más de 2 mil 200 contrataciones derivadas de la emergencia, contrataciones por COVID-19 y por otras necesidades. Se ha trabajado proactivamente. Y estamos muy atentos a las solicitudes de los ciudadanos, de los familiares de los enfermos que están viviendo, padeciendo la falta de insumo o algo más que no deba pasar.