El gobierno de Estados Unidos mostró ayer su “profunda preocupación” ante la ley que el Congreso de Guatemala prepara para amnistiar a los culpables de delitos de lesa humanidad.

El portavoz del departamento de Estado de EU, Robert Palladino, afirmó en un comunicado que esta ley “otorgaría una amnistía total a perpetradores de graves abusos a los derechos humanos, así como a los condenados por estos crímenes”.

Los principales beneficiarios de esta nueva ley serían personas condenadas por las atrocidades cometidas durante la larguísima guerra civil que vivió Guatemala, entre 1960 y 1996. Éstos fueron condenados con base en la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada justo al término de la guerra.

Palladino llamó a conservar unas leyes que “han restaurado la dignidad de las víctimas y sobrevivientes, han inspirado mayor confianza en las instituciones y han servido como ejemplo positivo a otros países”.

Por el momento, sólo esta presión, que ejercen tanto la comunidad internacional como defensores de los derechos humanos dentro de Guatemala, es lo que ha frenado, por el momento, la aprobación de la ley.

Si la ley se aprobara, en 24 horas quedarían libres 42 militares y un exguerrillero condenados por masacres, secuestros y violaciones, y se interrumpirían los procesos todavía activos contra otras 4 mil personas vinculadas al ejército y 87 exguerrilleros más.

Expertos como el exacanciller guatemalteco Edgar Gutiérrez o el analista de la ONG Transparencia Internacional Manfredo Marroaquín opinan, de todos modos, que la ley nacería muerta. La razón es que la ley no sólo contravendría otra legislación interna, sino que violaría la Constitución de Guatemala y varios tratados internacionales suscritos por el Estado, como la Convención Americana de Derechos Humanos (1978) y la Corte Interamericana (1987).