Un juez federal bloqueó ayer el plan del Gobierno de Donald Trump de preguntar por el estatus legal de ciudadanía en el censo de 2020.

En EU se calcula que viven 11 millones de migrantes indocumentados, y el censo se hace sin preguntar la situación legal y de ciudadanía de las personas.

La inclusión de esta pregunta había desatado el miedo de los migrantes irregulares, ante la posibilidad de que la información se remitiera a las autoridades de inmigración, aunque el gobierno aseguró que sería confidencial.

El magistrado Jesse M. Furman sostuvo en su fallo que “cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye”.

En total, 18 estados, 15 ciudades y condados del país, así como la Conferencia Estadunidense de Alcaldes y varias ONG se unieron para presentar una demanda conjunta contra la Administración.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, consideró el fallo una “victoria”, y recalcó que la pregunta “habría sembrado innecesariamente el temor en nuestras comunidades y habría evitado que se contara a la población de manera precisa”.