Desde sus orígenes, las sociedades humanas han enfrentado diversas crisis vinculadas con el medio ambiente, algunas causadas por alteraciones naturales de fenómenos físicos, como el drástico descenso de temperatura de hace casi 13 000 años o las sequías mesopotámicas de hace más de 4 000 años o bien aquellas producidas por la combinación de un manejo inadecuado de los elementos naturales con sequías extremas, como la que pudo haber causado el colapso del periodo Clásico maya hace diez siglos (Weiss 2017). Aunque las crisis ambientales no son un fenómeno nuevo, la que vivimos en la actualidad, iniciada hace solo algunas décadas, no tiene precedentes, tanto por su alcance global, como por su magnitud, su velocidad y sus consecuencias.

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Los humanos dependemos de la naturaleza, como todos los demás seres vivos, para abastecernos de alimentos, agua, energía y minerales, a lo que hemos llamado servicios ambientales o ecosistémicos. Sin embargo, no existe una conciencia colectiva, y es aún escasa la individual, que reconozca esta dependencia y actúe en consecuencia; cuanto más urbanos somos, más distantes estamos de la naturaleza. Una buena calidad de vida es imposible si los sistemas biofisicoquímicos no se mantienen funcionando de manera sana.

Sin embargo, estamos marchando en dirección opuesta: la producción de alimentos ha alterado o transformado casi la mitad de la superficie que ocupan los ecosistemas naturales terrestres que mantienen la estabilidad de la vida en el planeta; las pesquerías ocupan la mitad de los océanos y cerca de 30% están sobreexplotadas; los flujos de agua dulce se utilizan como transportadores de desechos y están contaminados con agroquímicos que al llegar a los mares y océanos producen zonas muertas, como ocurre en la desembocadura del Misisipi en el golfo de México.

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Cambiar el rumbo es una necesidad civilizatoria, y para lograrlo deben considerarse, de manera integrada, las múltiples dimensiones económicas, sociales, ambientales, culturales y políticas para alcanzar el reto aspiracional al que el desarrollo sustentable nos confronta cada día, es decir, aquel desarrollo encaminado a superar la pobreza y las desigualdades, mediante un crecimiento económico sostenido, incluyente y sustentable, que respete la naturaleza para que la vida que alberga siga evolucionando en sus espacios naturales, en el que hombres y mujeres, todos, gocen de una vida digna, con pleno respeto a los derechos humanos.

Diversos esfuerzos multilaterales se han promovido para enfrentar la pobreza y la desigualdad social de manera articulada con la sustentabilidad ambiental en el marco de los derechos humanos. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, con sus 17 objetivos, lanzada por la Organización de las Naciones Unidas (onu) en 2015, constituye la expresión más avanzada y moderna, aunque no está a salvo de contradicciones entre sus metas, y su adecuación y aplicación nacional está resultando muy lenta, desarticulada y poco considerada por el gobierno.

En la vida cotidiana, quienes estamos convencidos de la necesidad de actuar para encaminarnos hacia el desarrollo sustentable dedicamos nuestros esfuerzos a la búsqueda de opciones compatibles entre el desarrollo económico y social y la conservación de la naturaleza; nos enfrentamos a contradicciones difíciles de salvar —espero que aún no imposibles—, las cuales, al menos en el corto plazo, complican el logro de objetivos loables. Siempre nos acompañan dos preguntas: ¿es compatible el bienestar de toda la población con la conservación del patrimonio natural, base del desarrollo, respetando las tradiciones de las comunidades indígenas y campesinas dueñas de los territorios donde se encuentran los ecosistemas que proporcionan los bienes y servicios para dicho bienestar?; ¿es posible superar las contradicciones que se presentan en la esfera de los derechos humanos y la preservación de un medio ambiente sano, también consagrado en nuestra Constitución como un derecho?

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Debemos tener muy claro, y la evidencia científica así lo demuestra, que no todos los ecosistemas naturales pueden ser intervenidos por la acción humana sin que se afecte su funcionamiento. Muchos procesos funcionales de los ecosistemas donde habita la biodiversidad y donde se generan los servicios ecosistémicos que benefician a todos los seres humanos requieren grandes extensiones de territorio para mantenerse saludables. Por eso, resulta ineludible que el Estado mexicano, para cumplir con su obligación constitucional de preservar la biodiversidad, defina los sitios estratégicos para la conservación de los ecosistemas naturales y los mantenga con la mínima intervención humana posible.