Dos jueces federales emitieron este viernes sendas órdenes de ámbito nacional para frenar la entrada en vigor el próximo 15 de octubre de la polémica norma del gobierno de Donald Trump que vetaba la residencia permanente en EU a migrantes de bajos recursos.

Estos jueces se han convertido este viernes en los primeros del país en bloquear la medida, que haría inelegibles para la residencia permanente a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país al beneficiarse de ayudas públicas como cupones de alimentos, atención médica gratuita o ayuda en efectivo, entre otros.

El magistrado del distrito Sur de Nueva York George B. Daniels decretó que la regla no se puede implementar en todo el país, fallando a favor de los demandantes. Éstos, la ciudad y el estado de Nueva York y los estados de Connecticut y Vermont, argumentaron que la política perjudica específicamente a inmigrantes de minorías raciales.

Por su parte, el juez del Tribunal de Distrito para el Norte de California, Phyllis J. Hamilton falló también a favor de la petición hecha por un conjunto de demandantes que incluyen al Estado Dorado, Maine, Oregon Pensilvania, el Distrito de Columbia, la ciudad de San Francisco y la Clínica de la Raza.

Hamilton afirmó que los demandantes “han demostrado” que esta norma, de entrar en vigor, lo que provocaría es que los migrantes se abstuvieran de pedir ayudas públicas para lograr la residencia, lo que derivaría “en su pérdida de fondos”, es decir, ingresos.

La nueva norma hubiera afectado directamente a alrededor de 1.2 millones de solicitantes anuales, incluyendo alrededor de 500 mil que ya están en el país.