Los diputados de la Asamblea Legislativa aumentaron la pena mínima de cárcel por feminicidio en la Ciudad de México.
El Pleno aprobó una reforma al artículo 148-Bis del Código Penal local, que estipulaba una sanción de 30 a 60 años de prisión de acreditarse el asesinato de una mujer por razones de género, y que la Asamblea aumentó de 40 a 60 años.
Además pagará de 500 a mil días de multa y se dará cárcel preventiva oficiosa.
“El sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio”, indicó la diputada Nury Delia Ruiz, quien presentó el dictamen.
La diputada de Morena, Beatriz Rojas, señaló que es necesario aplicar los protocolos de feminicidio, para no violar los derechos humanos de las víctimas y por ende el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y a la reparación del daño, y reformar la ley para que funcionarios públicos que sean omisos a estos protocolos también sean sancionados.
En abril pasado, el entonces diputado de Morena Raymundo Martínez Vite, quien pidió licencia para buscar la alcaldía de Tláhuac, solicitó al secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, medidas para atender y prevenir los feminicidios en la Ciudad de México.
Informó que durante la gestión de Mancera se abrieron más de 200 carpetas de investigación por feminicidio, y en lo que va de 2018 se han registrado 30 asesinatos violentos de mujeres, entre ellos, los feminicidios de al menos seis escorts extranjeras.
Por lo anterior, señaló, que era urgente castigar y prevenir los feminicidios y la trata de personas en la Ciudad de México.
Martínez Vite anunció que derivado de los delitos por violencia de género y en específico por los feminicidios cometidos, se instaló el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que trabajará en atención al proceso de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad.
A los feminicidios, agregó Martínez Vite, se suman los homicidios que se han incrementado hasta en 20 por ciento en la ciudad, así como el robo en todas sus modalidades, pero sobre todo el robo a comensales que pasó de 23 carpetas de investigación abiertas en 2016 a 87 registradas en 2017.
A lo anterior se agrega, concluyó Martínez Vite, la violencia política de la que han sido objeto ciudadanos en el ejercicio cívico y pacífico de sus derechos y libertades, principalmente en delegaciones como Coyoacán, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, por lo que llamó al secretario de Seguridad Pública a realizar las averiguaciones necesarias e impedir que la violencia se siga suscitando.
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