El tema de la absolución de Manuel Bartlett indica que el presidente López Obrador está dispuesto a pagar el precio político del desprestigio que ello representa, con tal de que el político poblano siga al frente de la Comisión Federal de Electricidad.

Puede ser que AMLO simplemente se haya montado en su macho y, como suele ver las denuncias en contra de su equipo como complot de la oposición, haya decidido sostener a Bartlett contra viento, marea y buena parte de la opinión de sus seguidores. Pero López Obrador es más pragmático que eso. Ya lo hemos visto deshacerse de algunos colaboradores que se suponían cercanos.

No creo que sea el caso.

Más parece que le importa tener a Bartlett en la CFE por razones de estrategia energética. Ya vimos cómo el poblano renegoció la relación con las empresas canadienses que tenían contratos por los gasoductos que alimentan las termoeléctricas. Y también que comparte con el Presidente dos conceptos muy enraizados en su forma de ver el país: el papel de las empresas energéticas del Estado como detonadores del desarrollo y la desconfianza hacia las soluciones de mercado en ese sector estratégico.

En otras palabras, los hermana el nacionalismo extractivista, basado en las fuentes tradicionales de generación de energía.

Para ellos, la apuesta por fortalecer la CFE pasa por eliminar la regulación asimétrica del mercado, que había instituido la anterior Comisión Reguladora de Energía. Por lo mismo, desde el principio del sexenio se dieron las presiones para cambiar la composición de los directivos de la CRE. La idea es que todos son iguales en ese mercado, pero hay unos más iguales que otros. Los “más iguales” son las empresas productivas del Estado, y particular la CFE, que tiene un poder dominante en el sector.

Por la misma razón, cancelan las subastas de energía eléctrica, que habían dado como resultado una baja en el costo de generación de energía en aquellas zonas donde habían ganado los privados, con el agregado de que los contratos a largo plazo eran de energías limpias, renovables.

El Presidente ha insistido en la invitación para que el sector privado invierta en la generación de energía eléctrica, pero a través de proyectos de inversión con registro diferido en el gasto público (los complicados Pidiregas). Este tipo de esquemas funciona sobre todo para la participación de las grandes empresas, porque se trata de proyectos para los que el Estado no tiene suficiente capital, y normalmente se trata de inversiones en energías tradicionales. El chiste de este esquema es que el control de los proyectos está en manos de la empresa estatal.

¿Qué significa todo esto? Que del mercado eléctrico serán desplazadas pequeñas y medianas empresas que podrían invertir en energía solar y eólica, y que las que participarán, en situación subalterna, serán esencialmente las empresas transnacionales que trabajan, preferentemente, con combustibles fósiles, porque eso es lo que mejor saben hacer las añejas empresas estatales.

Desde el punto de vista de Bartlett —y, por supuesto, de López Obrador— se trata de una defensa de la soberanía energética del país. La CFE se queda con el control, y también con los riesgos. No importa si, a final de cuentas, eso se traduce en menor desarrollo de tecnologías alternativas, déficit de la empresa, mayor contaminación de mediano y largo plazo y, sobre todo, mayores costos para los usuarios.

Para decirlo de otra manera: el costo ecológico, financiero, en retraso tecnológico y en los precios a la población se paga a cambio de mantener el control nacional (o nacionalizado, mejor dicho, porque hay un nacionalismo que viene del verbo “nacionalizar”, no del sustantivo “nación”) de la generación y distribución de energía.

A muchos, ese costo puede parecernos absurdo. Más, si tenemos en cuenta el enorme potencial en energía solar y eólica que tiene el país. Vamos, ni siquiera parece haberles pasado por la cabeza la idea de crear alguna empresa del Estado para las energías renovables.

Igualmente absurda parece la insistencia en transferir recursos a Pemex, para que haga caro lo que otros hacen barato, en el sueño guajiro de que va a volver a ser el gigante de hace cuatro décadas. Y, en esa transferencia, escamotear recursos para ciencia, tecnología, salud, protección del medio ambiente, e incluso para programas sociales.

Pero no son absurdos desde la perspectiva del nacionalismo histórico tradicional. Y menos, si la concepción de energía está ligada a los fetiches revolucionarios del siglo XX. Esa concepción es la que une, de manera firme, a López Obrador con Bartlett. Y Bartlett es quien puede operar una contrarreforma energética a modo. Eso importa mucho más que un turbio pasado o unas cuantas casas.

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Aprovecho el día para desear a todos los amables lectores de Crónica felices fiestas navideñas.

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