La SEP informa que el 20 de abril se retomarán las clases bajo la modalidad en línea para que los niños no pierdan el ciclo escolar por la crisis sanitaria del COVID-19, pero “Sólo el 30% de los estudiantes del sistema de educación básica y secundaria tienen acceso a internet” (SDPnoticias, 16-04-20).

El debate en el primer año de gobierno -válido o no- se centró en los rezagos heredados y el diagnóstico unidimensional de los mismos: la corrupción del llamado neoliberalismo y los malos gobiernos, según la 4T, de los últimos 36 años. No dejaron títere sin cabeza. Todos eran culpables en menor o mayor grado del “desastre” nacional, salvo los nuevos gobernantes y el pueblo sabio y bueno.

Hay cobertura en zonas urbanas que concentran al 86% de la población, sin embargo, eso no significa que haya accesibilidad para las familias de nivel socioeconómico bajo que no pueden conectarse a la red o el costo es lo suficientemente elevado para que no puedan gozar efectivamente su derecho humano al uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.

En ese sentido, la AUTÉNTICA austeridad republicana debe orientarse a dirigir el gasto público a la atención de necesidades sociales y superar los rezagos como el que provoca esta grave afectación al desarrollo de los niños mexicanos. La accesibilidad en las ciudades es tan importante, como lo es extender la cobertura a zona rurales. No hay dinero mejor gastado que en educación primaria y secundaria para igualar las oportunidades de vida de las personas, sin importar su situación económica.

La falta de accesibilidad se hizo evidente con la suspensión de clases por la emergencia sanitaria, aún más en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, México Conectado tuvo un recorte del 22%, conforme al año anterior y órganos de política pública en telecomunicaciones como la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico experimentaron una reducción del 29% y la Coordinación de Estrategia Digital contará con apenas 20 millones de pesos. Esto afecta, por ejemplo, al Programa de Conectividad en Sitios Públicos, emitido en diciembre de 2019.

Las iniciativas de telecomunicaciones del Estado y otras políticas públicas que inciden directamente en la mejora de calidad de la vida de las personas sufren recortes y limitaciones impuestas por nuevas regulaciones como la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Estas afectaciones están brotando en la contingencia sanitaria. El gasto insuficiente en mejorar la accesibilidad, el cambio de ruta que generó incertidumbre en un sector que crecía en dos dígitos anuales, la falta de definición de una política pública de telecomunicaciones, a la fecha no hay un programa en la materia, y la lenta reorganización administrativa del nuevo gobierno (por ejemplo hasta el 16 de abril 2020 se publicó el reglamento interno de la SFP, con un año de retraso) hacen evidente que no hemos avanzado en los últimos dos años en superar los rezagos al ritmo que exige las necesidades reales de los grupos marginados.

La estrategia es más austeridad. La SFP, por instrucciones del presidente, ordena a las dependencias y entidades un recorte del 50% en gastos de operación, reducir las adquisiciones y la contratación de servicios, con lo que muchos programas gubernamentales serán afectados, como está sucediendo con aquellos vinculados con el derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación en las zonas urbanas populares.

La austeridad anoréxica es aquella en la que el gasto se reduce tanto que acaba matando a los programas de impacto social como los de conectividad en lugares públicos que pueden ser afectados en su operación y en estas condiciones no es viable, la educación primaria y secundaria en línea planteada por el SEP. Si bien los rezagos no son nuevos, estos recortes a ciegas del gasto cancelan las vías de superación de las carencias.

Además, hay que agregarle la prohibición de ocupar las plazas vacantes sin la autorización de la Oficialía Mayor de Hacienda, debido a que, según fuentes de Animal Político, (14-04-20) la SFP había detectado que algunas contrataciones no estaban justificadas o podían presentarse desviaciones ya que algunos servidores públicos deben trabajar a distancia.

Las estrategias de racionalización del gasto deben ser permanentes y la vigilancia del buen ejercicio de los recursos eficaz, pero el exceso en la austeridad o centralismo en las decisiones puede generar parálisis en un momento en que la administración pública requiere agilidad y rapidez para dar respuesta a la contingencia sanitaria y la crisis económica que la acompaña.

La superación del rezago requiere de mayor proactividad gubernamental, certeza jurídica y empleo de las variadas técnicas de intervención que tiene el Estado en la economía como son la inversión pública directa, el fortalecimiento del mercado por la vía de las compras gubernamentales y las inversiones compartidas como las asociaciones público-privadas. Todo suma en una estrategia de reactivación de la economía. No matemos de “hambre” a los programas gubernamentales de alto impacto social. No basta con repartir dinero del presupuesto vía transferencias directas a clientelas políticas.

Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM.

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