El pasado 5 de febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con base en los lineamientos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el Código de Ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal, elaborado por la Secretaría de la Función Pública.

Este código es una guía de actuación que contiene y desarrolla los principios, las directrices y los valores de la “nueva ética basada en la honestidad, la eficiencia, el profesionalismo, la transparencia y la legalidad” en el Poder Ejecutivo Federal y es la base para la formulación de los códigos de conducta, que son responsabilidad de las dependencias y entidades del gobierno, así como empresas productivas del Estado. El resto de las entidades públicas no pertenecientes al mencionado poder deberán emitir sus códigos de ética.

Una comparación somera entre el Código de Ética de 2019, republicano, y el anterior del 2015 neoliberal, arroja lo siguiente: Los valores y principios son los mismos, las personas servidoras públicas deben asumirse como líderes de la nueva ética pública y se excluyen las reglas de integridad de este documento para remitirlas a los códigos de conducta. No hay muchos cambios esenciales, salvo el compromiso personal y la denominación del sujeto destinatario de las normas éticas.

¿Cuál es la diferencia entre la austeridad republicana y la neoliberal? Pregunta suficientemente difícil de responder del comparativo entre los textos, salvo desde la perspectiva política en la que se separa a las personas servidoras públicas en dos grupos: los adversarios y los aliados. Los primeros serán inmorales por sus nexos con el pasado oscuro y tenebroso de los últimos treinta años de gestión pública, salvo que hayan hecho un acto de constricción y hayan sido graciosamente perdonados, y los segundos serán angelicales y honestos y disponibles para ocupar cualquier cargo público sin importar perfiles de puestos o capacidades y habilidades requeridas.

La austeridad republicana exige compromiso con énfasis en la lealtad al líder, que nunca se equivoca, y puede variar de forma de pensar o actuar en situaciones similares y sigue siendo honesto y congruente. Al más puro estilo orwelliano, en el que todos los hombres y mujeres son honestos, pero unos más que otros, llegó el momento de elegir entre aquellos que deben ser conducidos al paraíso (cargo público) o arrojados al infierno (exhibidos en las conferencias mañaneras). Otros más deberán esperar en el purgatorio mientras expían sus culpas pasadas y son dignos de integrarse impolutos al servicio público.

La austeridad neoliberal exigía capacidad para el ejercicio del cargo público que, por su propia naturaleza, requiere que sea desempeñado por un experto o una persona con cierto grado de profesionalización. No importa que su procedencia académica sea de una institución de educación superior pública o privada. Por ejemplo, una garantía de la autonomía constitucional concedida a los órganos separados de los poderes tradicionales como el INAI, el INEE o el IFT era que sus integrantes demostraran en su proceso de nombramiento sus conocimientos técnicos y experiencia en el sector.

En la austeridad neoliberal, como ahora, la opinión pública juzgaba. El primer acto de corrupción era proponer a alguien que no cumpliera con el perfil profesional para un puesto público, el segundo era aceptarlo y el tercero no saber decir que no al Presidente de la República, cuando una cuestión técnica, un análisis situacional o una imposibilidad jurídica, económica o tecnológica no hacía factible la solución política que impulsaba el gobierno o cualquier otra entidad pública.

En la austeridad republicana, los valores cambian y juzga el poder mayoritario. Ahora, el primer acto de corrupción es oponerse a la voluntad del líder. El segundo es no aceptar mansamente la violación a los derechos laborales de los servidores públicos desplazados o corridos y autorizar el pago de las indemnizaciones que les corresponden conforme a los contratos colectivos o condiciones generales de trabajo. El tercero es vivir del trabajo honesto en el sector privado, cuando las personas determinan dejar el servicio público, concluyen su encargo o son expulsadas.

Hasta febrero de 2019, los resultados de la austeridad republicana han sido: una iniciativa de ley de la materia en la congeladora de la Cámara de Diputados, una ley de remuneraciones cuestionada por su constitucionalidad, una reducción de las remuneraciones de los servidores públicos que desconoce grado de responsabilidad, el seguro de separación individualizado, la degradación de la protección de seguridad y previsión social del servicio público, la incertidumbre en el trabajo, el reclutamiento de personas sin experiencia ni conocimiento de la gestión pública (diversos casos de Conacyt) o de personas con antecedentes de fraudes (Pemex y la Estafa Maestra) y la centralización de los nombramientos que sólo garantiza que el proceso de contratación será más lento. Los verdaderos problemas de la austeridad republicana todavía no comienzan.

Hay que esperar los resultados de la aplicación en las dependencias y entidades de los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad como el número 10: “no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno”; el 42: “se evitarán gastos... de internet” y el 44 “las compras de gobierno se harán de manera consolidada”, entre otros. Dios nos agarre confesados para seguir en consonancia con el lenguaje bíblico.

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